Julio 9 del 2007. El Gobierno presenta en la Fiscalía General una denuncia por “concusión” y “aprovechamiento del cargo para pedir cuotas, gratificaciones y otros”. Lo hace en contra de 18 diputados que, según su versión, habrían exigido cargos públicos a cambio de votos a favor del veto a la Ley de Justicia Financiera.