Durante los últimos años hemos tenido un Gobierno que ha llegado a acumular poder y recursos sin precedentes. Es difícil de creer que, si había autoridades y funcionarios públicos que cometían actos de corrupción cuando tenían mucho menos poder y recursos concentrados en sus manos, que hoy no los haya. Uno podría creer, en base a la cantidad de casos investigados y/o sancionados, que ahora resulta que casi todas las autoridades y funcionarios públicos son de “manos limpias”.
Pero la información que ha surgido gracias a la labor periodística de los medios privados da indicios de que uno sería demasiado ingenuo si cree que la calidad moral de las autoridades actuales resiste toda tentación.
Lo que sorprende es la reacción casi impulsiva del Gobierno frente a cada escándalo: defender a capa y espada a sus funcionarios y autoridades, incluso al punto de evitar que siquiera se los investigue. Acto seguido, se descalifica a las personas o medios que osaron denunciar un caso. Esto se presta para suspicacias como aquella de “si son tan inocentes por qué le temen a la investigación”.
La lista es larga pero mencionemos algunos casos para refrescar la memoria: los Pativideos y la posible manipulación de información privilegiada sobre el manejo de la deuda pública para enriquecer a terceros; el Ministro del Deporte que declaró en video ser “uno de los dueños del circo”; el ministro de Obras Públicas Marún y las irregularidades en la contratación de obras públicas; el fiscal Pesántez que curiosamente fiscalizaba poco; la ministra de Salud, Caroline Chang y la irregular compra de 115 ambulancias; la asambleísta oficialista Irina Cabezas y el patrimonio que creció de manera mágica en cuatro años de revolución; Paco Velasco, asambleísta oficialista denunciado por ejercer funciones privadas y haber contratado con el Estado mientras se desempeñaba como miembro de la Asamblea; y un largo etcétera.
En el libro de ficción La rebelión de Atlas, escrito por Ayn Rand, uno de los personajes principales dice algo que refleja la situación que vive el país:
“Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.
La corrupción no es nada nuevo. Pero la concentración de poder político y económico en el Estado, que es innegable que se ha dado durante este Gobierno, casi siempre ha demostrado agravarla. Los economistas James Gwartney y Robert Lawson demuestran anualmente, desde hace varios años, que en los países con mayor libertad económica (menos intervención del Estado en asuntos económicos) se percibe menos corrupción.
Lamentablemente, tenemos un sistema que incentiva a cualquiera que llegue al poder a cometer actos de corrupción y que suele atraer a muchos que están dispuestos a vivir de lo que otros producen.