El Gobierno actual, utilizando las mismas estrategias que hace décadas usó la ahora calificada como partidocracia, trata de revivir un caso que tuvo sentencia definitiva en 1992, sobre la construcción de la antigua Terminal Terrestre de Guayaquil, y en el cual no han tenido responsabilidad ante el Estado, ni este Diario, ni ninguno de sus directivos.
 
Ya en octubre de 1995, un diputado socialcristiano trató de utilizar este caso políticamente en contra del entonces vicepresidente Alberto Dahik, accionista al igual que nuestro extinto y querido Director Carlos Pérez Perasso, de la empresa Matricsa, que como contratista particular había asistido a la transnacional japonesa Fujita Corporation en alguno de los trabajos para la construcción de la anterior Terminal Terrestre Jaime Roldós. Esta sí, Fujita, con responsabilidad ante el Estado, por ser la que suscribió el contrato con la entonces Comisión de Tránsito del Guayas.