El sistema de Seguro Social ecuatoriano, nació al calor de las luchas populares, obreras, magisteriales y campesinas de inicios del siglo pasado, y como forma de aplacar las mismas a semejanza de lo que ocurría en Europa, con graves falencias estructurales. Algunas de ellas, como la diferencia entre el porcentaje de aportación de las generaciones jóvenes y adultas mayores; la concesión por decretos ejecutivos o dictatoriales de pensiones vitalicias a ciudadanos que se destacaban en la vida nacional, sin financiamiento estatal; y, el desequilibrio entre el paquete prestacional y la prima de aportación, de alguna manera se han ido corrigiendo a través del tiempo.
Sin embargo, las dos grandes fallas estructurales con que se creó la caja de pensiones en 1928 y que amenazan el desfinanciamiento del sistema delegado al hoy IESS, son el irrespeto a su autonomía (el “meterle la mano” a sus recursos); y, la copia del sistema de Seguro Social europeo concebido por Bismark para una economía de pleno empleo, y que se mantienen de la forma más inaudita hasta la presente fecha.
A pesar de que desde la Constitución de 1945, por muchos catalogada como la más progresista, se consagró la autonomía y se distinguió a los recursos y reservas del Seguro Social como diferentes y distintos de los del fisco, los gobiernos de turno y con mayor énfasis el actual correísta, han hecho de esta norma con rango constitucional, una simple servilleta. Sería ocioso enumerar las incontables formas y mañas que han utilizado para “meterle la mano” al dinero de los afiliados.
En relación al otro problema de la seguridad social, enerva al sentido común y la razón insistir en una falla estructural que es absolutamente contradictoria con la realidad de nuestro sistema económico y social, en donde predomina la informalidad laboral y el subempleo (alrededor del 60% de la población económicamente activa, PEA); en donde apenas un 26% a 30% de la PEA, aproximadamente, tiene un empleo formal y en relación de dependencia. De ahí que plantear una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si quiere penalizar la falta de afiliación al IESS en este rango minoritario de “privilegiados” con un trabajo formal, es una verdadera manipulación y mañosería; es ir contra corriente y darle la espalda a la realidad nacional. ¿Es esta la revolución ciudadana? ¿Es este el proyecto político de Alianza PAIS para la seguridad social?
Tres veces han reformado las leyes de seguridad social en el país o dictado leyes en esta materia, en lo que va de este Gobierno; todas han sido para afectar los recursos del IESS (fondos de reserva, prestaciones desfinanciadas, directorio del Biess) y para quitarles derechos y beneficios a los jubilados del IESS, del Issfa y del Isspol. ¿Por qué nunca plantearon una reforma que disponga la penalización que hoy artificiosamente están preguntando?
La Ley de Seguridad Social trae desde el 2001 disposiciones concretas que penalizan hasta en cinco años al patrono que descuente los aportes al IESS y no los deposite en el mismo. Además, el trabajador puede denunciar la falta de afiliación y gozar de dos años de estabilidad.
¡Sin duda, una consulta mañosa y retrógrada!
