La comuna de Quilloac, en la provincia de Cañar, reclamó en la Fiscalía de su Distrito la competencia del proceso por el cual un poblador fue sentenciado a siete años de reclusión, por el delito de acoso sexual a una menor, para someterlo al castigo de la justicia indígena.

Más de tres horas duró la Asamblea General de Quilloac, donde fue juzgado el acusado, Ángel Polibio Morocho Guamán, el sábado pasado, Allí, Antonia Solano, presidenta de la comuna, explicó que según la Constitución del Estado tienen derecho a procesar jurídicamente delitos cometidos por sus residentes, dentro de su territorio o fuera de él.

Por eso la comuna reclamó la competencia del juicio que se inició en noviembre pasado contra Morocho, en uno de los juzgados de la provincia.

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“La comuna analizó el caso. La justicia busca el bienestar común y proteger los derechos del acusador y del imputado. Esa sentencia era perjudicial para las dos hijitas del compañero (Morocho)”, explicó Solano al centenar de comuneros que se reunieron en la casa comunal, el sábado por la tarde.

La madre de la niña que denunció el supuesto acoso estuvo presente para explicar a la audiencia que, a pesar de aceptar la propuesta de la comuna, de evitar que Morocho vaya preso y que más bien reciba un castigo aleccionador, estaba preocupada por la actitud de su esposo que se halla en Estados Unidos y “no entiende bien lo que pasa”.

Solano pidió al secretario José Acero que lea los diagnósticos clínicos del supuesto agresor y de la niña.

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La conclusión de los resultados advirtió que el acusado tiene un nivel deficiente intelectual y que su afectividad está lesionada, ya que registra que es huérfano de padre y su madre es alcohólica.

Mientras, la niña está libre de señales de maltrato físico y sexual y comentó al médico que su agresor la tomó de los hombros y la recostó de frente sobre su pecho, pero que superó el estrés por lo ocurrido y su esfera psíquica es normal. La directiva pidió a los asistentes que basándose en este informe, intervengan con la intención de dar una lección al acusado que no lesione los derechos de su familia y que al mismo tiempo se restituyan los derechos de la niña y su familia.

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Por eso y tras varias intervenciones, la mayoría en lengua quichua, la asamblea resolvió un castigo con ortiga y guántug (plantas sagradas para los cañaris que, según ellos, purifican, tranquilizan y obligan a reflexionar sobre los errores) que “no pretende lastimar la moral de los sometidos, sino más bien limpiar las malas energías”.

Pero además, la comunidad se comprometió a vigilar el comportamiento de Morocho, no solo dentro de la comunidad, sin también con su esposa e hijas, y acompañarlo en el proceso de terapias que empezó a fines de noviembre con profesionales del instituto Quilloac.

Luego de eso y según resolvió la asamblea, familiares del acusado (un hermano, su esposa y una cuñada) ejecutaron la pena. Todos repitieron en quichua frases que alentaban a no volver a cometer errores y a dedicarse a trabajar para dejar de ser sinvergüenza, según la traducción de uno de los asistentes.