QUITO
.- Realizar proselitismo político o acciones que comprometan la seguridad o los intereses del Estado serán causales de disolución de una organización no gubernamental (ONG), de acuerdo con el proyecto de reglamento que prepara la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

El documento, que fue sometido a discusión de las ONG la semana pasada, busca regular a este sector mediante el establecimiento de mecanismos de depuración, disolución, constitución y elaboración de estatutos, entre otros temas.

Por ejemplo, si una organización no cumple o se desvía de los fines para los cuales fue constituida la organización podrá disolverse.

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Otras causales para la disolución es que la organización sea declarada como inactiva por parte de la institución que otorgó la personalidad jurídica.

Desde el año pasado las ONG se inscriben en el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es parte de la Secretaría de los Pueblos.

Para los casos de depuración se establece que en un plazo de 90 días los ministerios organizarán el plan cuyo propósito será establecer si una organización está activa o no y si su objeto se ajusta al ámbito y competencias de la institución que le otorga la personalidad jurídica o de la que actualmente ejerza control y rectoría, dice la propuesta de reglamento.

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La secretaria de los pueblos, Alexandra Ocles, considera que es necesario establecer mecanismos de control a las ONG. "Hemos encontrado que algunas participan en política y eso, por los estatutos, no está permitido", señaló.

Además, sostuvo que se busca transparentar la rendición de cuentas de aquellas organizaciones que reciben fondos del Estado, pues hay casos en que no han justificado el uso de los fondos públicos.

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Mary Cabrera, representante de la Red Cántaro de Cuenca, manifestó que la depuración de las organizaciones no debe entenderse como la eliminación de las organizaciones, por lo que, dijo, esos mecanismos de control deben discutirse ampliamente. Mientras, Rosario Gómez, de la Fundación Casa de Refugio Matilde, espera que la depuración de las organizaciones no sea política.

Las organizaciones no gubernamentales extranjeras también serán reguladas. Deberán presentar una solicitud a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (de la Cancillería) en la que indiquen sus fines y las labores. Luego, esta dependencia, a través de las embajadas y consulados en el exterior, verificará la información sobre la legalidad, solvencia y seriedad de la ONG.

Según Alexandra Ocles, hasta el momento hay 2.000 organizaciones registradas en su Secretaría, aunque el Servicio de Rentas Internas tiene una lista de unas 7.000.

El proyecto de reglamento será debatido durante este mes. En enero próximo, el documento será enviado a la Presidencia de la República para su aprobación.

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