Este lunes 25 de octubre la Asamblea comenzará a discutir la propuesta de la referencia, enviada por el ejecutivo, con el carácter de urgente. Es una propuesta importante que incluye 224 artículos y varias disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, cuya finalidad es la de poner en marcha el más significativo esfuerzo sobre políticas dirigidas a lograr la transformación productiva del país. La ambición es solo comparable con las industriales de fines de los cincuenta y de la década de los sesenta. La sola proposición y puesta a consideración del legislativo es en sí misma bienvenida; y, me imagino, compatible con la reciente declaración presidencial, de que se terminó la fase destructiva (de las viejas formas políticas) y se inicia la fase constructiva de la revolución ciudadana.

Rebasa la posibilidad de este editorial intentar un resumen del código propuesto, cuya lectura es importante para todos los actores relacionados a la producción y el desarrollo. Baste señalar que contiene una serie de incentivos y acciones positivas del Estado relacionados a la inversión productiva, incluyendo una determinación precisa de los derechos de los inversionistas, la promoción de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el apoyo al desarrollo de las Mipymes, tal vez uno de los capítulos más interesantes; varios títulos relacionados con el Comercio Exterior; el apoyo a la competitividad sistémica y el apoyo a la utilización de tecnologías verdes. Igualmente establece una institucionalidad pública que regulará y ordenará la política pública.

Hay algunos elementos especialmente importantes: las garantías que se dan a los inversionistas nacionales y extranjeros, incluyendo el poder acordar sistemas de arbitraje que se hubiesen acordado en tratados suscritos por el Ecuador (lo que puede abrir posibilidades de una nueva generación de tratados sobre protección de inversiones); incentivos tributarios para inversiones vinculados a criterios de desempeño mutuamente acordados; la propuesta de las Zonas Especiales, que incentiva la instalación de empresas que cumplen una serie de criterios deseables en cuanto a su carácter innovador en materia tecnológica, de ecoeficiencia, de incremento de exportaciones y establecimiento de nuevos polos de desarrollo; apoyo a los negocios inclusivos con las Mipymes; consideración equitativa a los proveedores privados de energía eléctrica, en fin apoyo a la redistribución de la tierra por medio de líneas especiales de crédito.

Obviamente hay temas que requerirán un buen nivel de discusión y que pueden ser controversiales: la arquitectura institucional me parece frondosa y es ser poco eficiente (puede llegar a conformarse por hasta 14 ministros); en segundo lugar está el tema del salario digno, que puede ser ideal, pero que puede tener un efecto perjudicial sobre el empleo y sobre posibles inversiones en sectores con tasas de utilidad reducida; algunas disposiciones de comercio exterior me parecen contradictorias. Por ejemplo: el Estado ecuatoriano puede tomar represalias cuando otro país tome medidas comerciales, administrativas, monetarias o financieras que afecten los derechos e intereses comerciales del Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano puede hacerlo por necesidades económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad de precios internos o de protección a la producción nacional y a los consumidores nacionales (artículo 101, incisos c y d).

Me imagino que a pesar del poco tiempo que tiene la asamblea para conocer y decidir sobre el código, la discusión sobre el rol de la producción en el desarrollo económico es un paso fundamental para el país y debe suscitar una atención cuidadosa de todos.