Preocupada por el posible embargo de su casa y del resto de los bienes que adquirió con su difunto esposo, Ángela Ibarra acudió ayer a la Defensoría del Pueblo, con una notificación del departamento de coactiva de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag) en donde se le detallaba una deuda de $ 179,88 (más intereses) por unas planillas vencidas desde septiembre de 1999 a noviembre del 2000. Ibarra estaba angustiada porque en la actualidad no tenía ningún documento que le certifique la deuda ni un posible pago de ese entonces (hace casi once años) que hiciera su pareja fallecida. “Han pasado más de diez años y recién nos llega este papel (notificación). Y yo no quiero perder mis cosas que tanto esfuerzo nos constaron con mi esposo”, contó antes de ser atendida por un abogado.