“Hemos vivido entre ratas, cucarachas, escorpiones y los excrementos”, así describe Julio César Gálvez, cubano de 65 años y periodista de radio, el tiempo que purgó de su condena de 15 años, acusado de haber colaborado clandestinamente con medios norteamericanos.
Ricardo González (60), periodista condenado a 20 años por ser corresponsal clandestino de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y premio de esta organización en el 2008, da más detalles: “Teníamos que improvisar canales con nailon para que las aguas servidas y las filtraciones no caigan desde arriba encima nuestro”.
Otro periodista, Normando Hernández, 40 años, condenado inicialmente a 25 años de prisión, señala que otro grave problema en las prisiones son las “automutilaciones”, como clavarse agujas en los ojos o prenderse fuego, desesperados por recibir atención médica. Ellos son parte de los 52 presos políticos del Grupo de los 75, arrestados en el 2003 en la denominada Primavera Negra, que Cuba se comprometió esta semana a liberar en el plazo de tres o cuatro meses en virtud de un acuerdo entre las autoridades de La Habana y la Iglesia católica de la isla. Otros 23 ya han sido liberados.
Publicidad
En su mayoría periodistas y médicos, los 52 disidentes fueron acusados por el gobierno comunista de la isla, de realizar actos contra la independencia y la economía de Cuba y que afectan la integridad y la estabilidad territorial del estado.
Su caso entra en el perfil de lo que se considera como “preso político” o “prisionero político”, es decir, cualquier persona a la que se mantenga en la cárcel o bajo arresto porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea de la naturaleza que sea.
Según Cuba, las condenas se basaron en la Ley 88 de Protección de la independencia nacional y la economía, conocida por la disidencia como “Ley Mordaza”, que tipifica y sanciona los hechos que el gobierno cubano cree que favorecen los objetivos de la Ley Helms-Burton.
Publicidad
Esta ley, denominada así por los apellidos de los legisladores que la patrocinaron, busca, según Washington, detener las inversiones extranjeras en Cuba y proteger las propiedades estadounidenses, y según La Habana, quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba.
Esta norma fue ratificada el miércoles por el presidente de EE.UU., Barack Obama.
Publicidad
La disidencia señala que fue una acción de fuerza, destinada a frenar el auge que cobraban ciertos grupos de oposición en la isla, como el bimensual De Cuba, la primera revista independiente de la isla, que lanzaron González y Raúl Rivero, excarcelado y exiliado en España desde el 2005, fueron acusados de suministrar información al gobierno de EE.UU. a través de la oficina de Intereses que este país mantiene en la isla.
González y Rivero fundaron la Sociedad Manuel Márquez Sterling para la formación de periodistas independientes; 27 de los periodistas detenidos en la Primavera Negra del 2003 se formaron en esta escuela.
La disidencia señala que su labor era dar a conocer lo que sucede en Cuba, la falta de libertad de expresión y de elecciones democráticas, y violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, el proyecto Varela, que impulsaba un proyecto de ley para reformas políticas a favor de mayores libertades individuales, pero que fue contrarrestado con otro proyecto oficialista en unas elecciones cuestionadas por la oposición que hizo permanente el carácter socialista del gobierno cubano.
Publicidad
En la Primavera Negra, los 75 disidentes detenidos recibieron penas de entre 6 y 28 años, se los acusó de actos “contra la independencia o la integridad territorial del Estado”.
Según un informe del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos no conocían los cargos en su contra, no tuvieron abogados sino poco antes del juicio, y el juez estaba subordinado al Partido Comunista.
Generalmente, como las opiniones o actitudes no son objeto de legislación, es difícil determinar con exactitud quiénes son prisioneros políticos por los cargos que se les imputan; por ello mientras grupos de Derechos Humanos les dan esa denominación, los gobiernos a los que se oponen los califican de “terroristas” o “subversivos”. Es decir, que rara vez una autoridad estatal admite que existen en su país presos políticos.
La prisión por motivos políticos es una violación a los derechos humanos de libertad de conciencia y expresión y organizaciones como Amnistía Internacional, se movilizan en todo el mundo solicitando un juicio justo para ellos.
Los presos políticos pueden sufrir la invención de cargos criminales, negativa de beneficios concedidos a otros presos en situación semejante, o aplicación de poderes especiales, como el estado de excepción.
Gálvez denunció que pese a que se los reconoce internacionalmente como presos políticos, “estamos aquí en España en un vacío jurídico, en un limbo legal”, pues el acuerdo con Cuba no les da calidad de refugiados políticos sino de inmigrantes, y deben tramitar permisos de trabajo y residencia.
Aclara que no podrán regresar a la isla sin un permiso del gobierno cubano, por lo que reclamaron: “Si no somos libres, entonces somos refugiados”.
Los disidentes liberados aseguran que cada familia tratará individualmente con los responsables de la Cancillería y el Ministerio del Interior españoles, la posibilidad de conseguir el estatus de refugiados.
Si logran el asilo, tendrían protección internacional y facilitaría su acceso a la residencia permanente y la nacionalidad española, pero perderían un eventual regreso a Cuba.
Sectores de la disidencia cubana han criticado que estas liberaciones no sean incondicionales y consideran que el Gobierno del general Raúl Castro solo cambia la prisión por el “destierro”. “Yo no vengo de una playa en Varadero, sino de la cárcel”, precisó Pablo Pacheco sobre su situación. “Nosotros no somos inmigrantes”.
