En el último texto del proyecto de Ley de Comunicación que se conoce, hay aspectos preocupantes: la integración del Consejo de Comunicación y lo relacionado con la concesión de las frecuencias, entre otros.
Lo primero es legalmente discutible y violaría el acuerdo legislativo previo, debilitando la confianza de la ciudadanía en la Asamblea y sus métodos.
En el segundo, se propone que la cobertura de los medios privados de radio y televisión solo alcancen hasta el 35% de la población nacional. Y se plantea que las frecuencias se concedan para diez años con una sola posibilidad de renovación por el mismo periodo, y que quienes ya hayan renovado no puedan volverlo a hacer. Esto resulta antidemocrático, limitante y llevaría a la desaparición de los medios privados pues es difícil que alguien invierta en una empresa de duración limitada. Además es injusto que quienes se han ganado el favor del público por su calidad técnica y de contenido no puedan seguir al aire.
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Si el último texto que se conoce fuera el definitivo, es claramente violatorio de la Constitución, de la libertad de expresión y del derecho a la información.
