El frente interno se perfila complicado para el Gobierno en el 2010.
Alianza PAIS tiene vocación ecologista. La Constitución está dedicada a la Pacha Mama. El Plan del Sumak Kawsay propone el gradual desmantelamiento de la agricultura y acuacultura de exportación, y su reemplazo por el turismo ecológico y cultural exótico.
Ambientalistas y Gobierno coinciden en poner la temática ambiental en primer plano. Ecuador propuso al mundo abstenerse de explotar la zona petrolera ITT y preservar la riqueza natural de parte del Yasuní. Gobiernos anteriores renunciaron a explotar petróleo en lo más profundo del Yasuní, el campo Imuya; el proyecto inicialmente se llamó ITTI.
De ahí en adelante, las posiciones de ambientalistas y Gobierno chocan.
Para el Presidente, la no explotación del ITT es un sacrificio. Cabe que los países ricos, los que causan el problema de calentamiento de la Tierra y que destruyeron su diversidad en el proceso de desarrollarse, cubran la cuenta al menos parcialmente.
El Presidente planteó que los países ricos constituyan un fondo del que se pueda girar al menos 350 millones de dólares anuales, valor equivalente a la mitad de lo que generaría la explotación del ITT. El dinero iría a engrosar las arcas fiscales.
Esta propuesta la creemos inviable: en otras latitudes, como África occidental y Guyana, hay parajes de igual diversidad pero sin petróleo, y lo que piden esos países en compensación es modesto. Las donaciones disponibles comprarían protección de un área muchísimo mayor que el Yasuní.
Los ambientalistas del Gobierno estiman beneficioso y no un sacrifico abstenerse de explotar el Yasuní; buscaron como compensación fuertes donaciones para programas de preservación y recuperación ambiental, a ser definidos conjuntamente por Gobierno, donantes y el PNUD.
El Presidente rechazó este esquema y denunció al “ambientalismo infantil”. Pero este es medular al movimiento oficialista.
Como escribimos hace quince días, se presentó a potenciales inversionistas, no así a la opinión pública nacional, un estudio sobre la Refinería del Pacífico. Si alguien se interesa en invertir en ese proyecto (¿el gobierno de Corea?), probablemente sería para asegurar una fuente de combustibles. Si se incluye la explotación del ITT para suministrar el crudo, la Refinería del Pacífico se tornaría atractiva. De ser así, la denuncia presidencial fue oportuna.
El Gobierno podría encontrarse con una rebelión de los ambientalistas de Alianza PAIS, al menos en lo que el ITT se refiere; quizá sometido a una consulta popular, de pronóstico reservado.
Por otra parte, la empresa estatal minera china Tongling concretó su propuesta para comprar Corriente, minera canadiense titular de concesiones de importantísimos proyectos mineros en el suroriente. Tongling esperó a que el Gobierno dicte el reglamento a la ley de minas y levante las restricciones a la operación de las mineras.
Podría haber acciones violentas de la Conaie contra las mineras, obligando al Gobierno a defenderlas militarmente, o resignarse al fracaso de la apertura minera. La opinión pública podría volcarse contra la minería, en el contexto de la popularidad del filme Avatar, que, bajo el disfraz de ciencia ficción, estigmatiza la explotación minera en zonas habitadas por culturas no parte de la civilización globalizadora.
