Posibles vacíos legales en caso Teleamazonas

A cuatro meses y medio de su creación, al Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) le tocó dictaminar la suspensión del canal Teleamazonas por tres días.Ayer, el presidente Rafael Correa defendió la legalidad de la medida.Las resoluciones que desde el 13 de agosto está tomando el nuevo Conatel han revivido la incertidumbre jurídica de las decisiones adoptadas. Representantes de gremios de comunicación visualizan vacíos que esperan solucionarlos con la intervención del Tribunal Constitucional.El nuevo Conatel surgió en agosto en reemplazo del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), que desapareció por la fusión con el primer cuerpo colegiado.En cuatro meses y medio ha decidido la suspensión de emisiones de Teleamazonas y la rescisión del contrato de concesión de la frecuencia de la radio la Voz de Arutam , que está en proceso de apelación.Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo del Guayas, asevera que se siente “en el limbo” con respecto a las últimas decisiones del organismo. Ello, porque el Conatel y el extinto Conartel fueron creados por ley y un decreto no podría eliminarlos.Igual percepción tiene José Pileggi, ex presidente del Conatel, quien indica que “todo lo resuelto por el Conatel está en el limbo jurídico”. Según el ex funcionario, el actual Consejo está tomándose atribuciones que no le competen por ley.¿Por qué surgen esos argumentos? El 13 de agosto, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Nº 8, en el que creó el Ministerio de Telecomunicaciones y entre otras cosas fusionó al Conartel con el Conatel.Tal decisión se amparó en el artículo 17 de la Ley de Modernización que señala que el Jefe de Estado “tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito del Gobierno central para fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas y para reorganizar y suprimir entidades cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional (...)”.El sustento, sin embargo, no convence a Pileggi, quien aun cuando comparte la necesidad de fusionar al Conartel y Conatel –porque el primero quería tener autonomía para el uso de las frecuencias– no apoya el procedimiento adoptado.Indica que ambos consejos fueron creados por ley y que por ley deberían desaparecer, pues un decreto no puede otorgar atribuciones que están permitidas en la ley (de Radiodifusión y Televisión) a otro cuerpo colegiado. Agrega que la desaparición de un consejo le hubiese resultado fácil al Gobierno, pues cuenta con una legislatura a su favor.Roberto Aspiazu, representante de las cámaras ante el Conatel, explica que decidieron allanarse a la fusión, pese a las dudas, porque encontraron el hecho consumado. Resolvieron no presentar una demanda ante la Corte Constitucional porque resultaba inoficioso, debido a que sus integrantes no tienen independencia del Gobierno.Chica y Pileggi, en cambio, coincidieron en la necesidad de una demanda de inconstitucionalidad para ayudar a clarificar el asunto y no causar un desorden jurídico mayor al antes existente.Marcel Rivas, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, fue más tajante: “ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y solo exigimos que se la respete, dijo, más aún cuando fue aprobada en referéndum por la mayoría de ecuatorianos”.Rivas asegura que esa posición la adoptaron más de 300 canales agremiados, 1.200 radios agrupadas y más de 400 canales codificados.Los consultados coincidieron en que si la ley conformó y constituyó un Consejo, único facultado para el otorgamiento de licencia y concesiones, es el que puede, a través de un debido proceso, establecer sanciones administrativas o aplicación de justicia vía jurisdicción ordinaria.Cronología: Cierre de medios 25 de junio de 1970 El canal 2 de Guayaquil (actualmente Ecuavisa) suspende todos sus editoriales y comentarios políticos en oposición a las advertencias de clausura del gobernador del Guayas, Héctor Espinel Chiriboga. (Ese mismo mes, José María Velasco Ibarra se había declarado jefe supremo).26 de septiembre de 1970 El alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, realiza fuertes críticas al régimen velasquista en las instalaciones de canal 2 acusándolo de pretender defenestrar a funcionarios municipales y de arbitrariedades en el país.27 de septiembre de 1970 El Gobierno dispone la detención de Huerta. La Policía lo aprehende cuando llegaba al set para una entrevista. Se ordena la inmediata suspensión de la señal de canal 2. El medio acata la disposición y al día siguiente reabre su señal.2 de enero de 1972 Por una broma por el Día de los Inocentes, el canal 8 de Quito transmite una falsa información que decía que el Gobierno de Velasco Ibarra había decidido suspender las elecciones y seguir en el poder por dos años más. El régimen clausura al medio por propagar supuestamente falsos rumores. El canal de televisión reabre su señal el día 6.1 de septiembre de 1975 Por disposición del gobierno militar presidido por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara se dispone la suspensión de las transmisiones a todas las radiodifusoras del país en cumplimiento a la Ley Nacional de Radiodifusión, durante el levantamiento militar del Gral. Raúl González Alvear.Gobierno contrarresta críticas Medio oficial La web del periódico oficial El Ciudadano publicó el 23 de diciembre una nota titulada: “Varios medios fueron suspendidos o clausurados en los últimos años”. Allí menciona al gobierno de León Febres-Cordero y cita como referentes un artículo del historiador Juan Paz y Miño y el libro Informe de una clausura, de Andrés Carrión. Nombra también a los regímenes de Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén y a Lucio Gutiérrez y Gustavo Noboa por sus fuertes críticas a la prensa.Debido proceso “Siempre existió el debido proceso en el caso de Teleamazonas y radio Arutam”, publicó el 24 de diciembre El Ciudadano. En esa nota dice que una vez que la Supertel dio a conocer la sanción al canal, este tenía la potestad de apelar en un término de ocho días (hábiles) ante el Conartel. Y agrega que “por decisión propia y voluntaria Teleamazonas apagó su señal, en otras palabras, en ningún momento la estación televisiva ha sido privada de su derecho al debido proceso”.Reacción de Patiño El ministro de la Política, Ricardo Patiño, sostuvo que respeta la autonomía de la Superintendencia de Telecomunicaciones de cerrar por 72 horas a Teleamazonas. “Entiendo que desde mayo o junio se inició este proceso y es una resolución autónoma de la Supertel... si ellos (canal) han incumplido la ley y la ley le permite al superintendente tomar decisiones sancionadoras, tenemos que respetar”. Dijo que hace unos días el SRI suspendió a radio La Prensa y no hubo tanto escándalo.

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