Hace un año aproximadamente pregunté si la Revolución Ciudadana
eventualmente iba a ingeniárselas para que personas que no estamos de
acuerdo con el pensamiento único no podamos seguir escribiendo. Muchos
me acusaron de ser fatalista. Discúlpenme pero el fatalismo no se me cura, peor luego de leer el proyecto de ley del asambleísta Panchana y ver que lo aprobado, hasta el momento de escribir este artículo, no corrige las más graves falencias de ese proyecto.

La Ley de Comunicación propuesta por el oficialismo crearía un Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI) con el poder de multar, suspender y hasta cancelar definitivamente el registro requerido para el funcionamiento de cualquier medio. El CNCI, como muchos otros organismos creados bajo la Revolución Ciudadana, no gozará de independencia del Ejecutivo: De los ocho miembros del Consejo, el voto del representante del Presidente será dirimente y por lo tanto valdrá más que los demás votos; además contará con el voto del representante del Ministro de Educación (elegido por el Presidente) y probablemente con aquel de los tres representantes del Consejo de Participación Ciudadana (institución caracterizada por su transparencia e independencia desde que nació, ¿verdad?).

Los medios tendrán que registrarse una vez al año ante el CNCI. La espada de Damocles que ya existía en la propiedad estatal de las frecuencias para las radios y canales de televisión ahora se yergue sobre los medios escritos y se intensifica con el registro anual.

Bajo esta ley, el Presidente no tendrá limitación alguna para realizar cadenas nacionales en cualquier medio. No reglamenta ni la duración ni la frecuencia de estas, ni tampoco específica bajo qué pretextos se las puede realizar. Tampoco se regula la publicidad estatal, solo la privada. Además, no se especifica la conformación del directorio de los medios públicos, dejando la puerta abierta a que sean manipulados por el gobierno de turno.

Desconozco si podré seguir escribiendo luego de que se apruebe esta ley. No tengo título de periodista. Tampoco pretendo especializarme en ello porque creo que mi especialización académica es otra que no impide mi labor de columnista de opinión. Por si acaso, ni siquiera en Venezuela se exige el título para ejercer esta profesión.

Si la mordaza todavía no aprieta lo suficiente como para silenciar a algunos, el artículo 6 de la Ley Panchana hará del reportaje de abusos de poder y casos de corrupción una misión imposible. Cualquier funcionario público o ciudadano que se sienta “afectado” por aquello publicado en cualquier medio podrá simplemente iniciar una acción judicial en contra del medio y nadie (ni el medio ni el afectado ni los demás medios) podrán referirse al asunto que generó la controversia hasta que la acción judicial sea resuelta. Pativideos, narcopolítica, los diputados de los manteles en Puembo, los contratos de Fabricio Correa, etcétera. Nada de eso aparecerá en la prensa después de que un funcionario o individuo se sienta “afectado”.

No debemos olvidar el nombre de aquellos en la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional que están votando a favor de estas restricciones a nuestra libertad. Cuando ya no podamos hablar sin miedo, acordémonos de que ellos nos pusieron la mordaza.