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BUENOS AIRES. El político Rodolfo Terragno (i), la historiadora María Sánchez Quesada (c) y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú en el panel ‘Luces y sombras del bicentenario en América Latina’ en la primera jornada de la 65ª Asamblea de la Socieda

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el jueves un decreto que otorga a los vendedores de diarios la exclusividad en la venta de periódicos y revistas, por lo que ahora ya no podrán comprarse más estas publicaciones en supermercados, quioscos y gasolineras.

El polémico decreto se expidió mientras un sindicato de camioneros políticamente afín a la mandataria y a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, bloqueaban las plantas de impresión de los diarios Clarín y La Nación, los de mayor tirada nacional, impidiendo por horas su circulación.

La prohibición recibió fuertes críticas de los partidos de oposición, especialistas en derecho y medios.

“A partir de ahora la venta de diarios será la única actividad comercial regulada por el Estado”, dijo a La Nación el constitucionalista Gregorio Badeni. “Es evidente que se apunta a cercenar el libre desenvolvimiento de las empresas periodísticas, porque está condicionando la venta de los productos gráficos”, agregó.

Condena de la SIP
La renovada tensión coincide con la realización en Buenos Aires de la 65ª asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que entre ayer y el martes debate el rol del periodismo y las presiones que sufre por los gobiernos de la región.

La SIP ha cuestionado en el pasado la actitud del “kirchnerismo” hacia la prensa, acusándolo de hostigamiento.

En este contexto, el director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, afirmó que “diferentes tipos de ataques a la libertad de prensa se han registrado en los últimos años en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Honduras.

Muñoz, uno de los 500 periodistas y editores que asisten a la revisión semestral de la libertad de expresión en las Américas, resaltó el caso de Argentina, donde (se dio) “a través de la sanción de leyes como la de Radiodifusión (ley de medios audiovisuales)”.

Muñoz afirmó que además “vemos con preocupación la situación de Venezuela, donde las restricciones del gobierno a la prensa conllevan agresión y amenazas cuando la información ‘molesta’”.

“También hay problemas en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Honduras, donde se vulneran los derechos esgrimidos en la Declaración de Chapultepec, la Carta Magna del periodismo”, que consagró los derechos a la libertad de publicación, dijo el director de la SIP.

Hasta el martes se debatirán las legislaciones que afectan la libertad de prensa en Argentina, Ecuador y Venezuela, así como “las decisiones judiciales que entorpecen a los medios brasileños y colombianos y, la violencia que (se) cobra vidas de periodistas en México y entorpece la labor de los medios venezolanos, hondureños y nicaragüenses”. Asimismo, los ex presidentes César Gaviria (Colombia) y Julio Sanguinetti (Uruguay) examinarán los cambios sociales y políticos.

Amenaza a Globovisión
Jorge Rodríguez, el alcalde oficialista del municipio Libertador, el mayor de Caracas, exigió al canal de televisión Globovisión el pago de 7 millones de bolívares (3,25 millones de dólares) por impuestos, y le dio plazo de tres días para cancelarlos, so pena de someterla a un “cierre administrativo”.

Exento de impuestos
La cadena privada de noticias respondió que la propia Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente establece en su artículo 156 que los negocios de telecomunicación no pagan impuestos municipales.