En rigor formal, no es posible atribuir al Gobierno la prisión de dos jóvenes directivos de la denominada Nueva Junta Cívica de Guayaquil, pues dirá que dichos ciudadanos están en la cárcel por decisión de un juez que atendió el requerimiento de un fiscal, y que el régimen no tiene injerencia en las decisiones judiciales, como ha dicho también en relación con las providencias de un juez de Sucumbíos, que casi entorpecen el curso de las conversaciones encaminadas a conseguir la normalización de las relaciones entre nuestro país y Colombia.
Pero si bien eso es formalmente verdad, también es verdad que, desgraciadamente, existe hoy en todos los niveles y en todas las funciones del Estado, una especie de temor reverencial al Presidente de la República que impide que los oficiales y empleados actúen con imparcialidad, garantizando los derechos ciudadanos.
A pesar de que he oído versiones en contrario, yo he tenido una buena opinión del juez penal que conoce este caso, a quien siempre mentalmente excluía de esa categorización que hizo el Secretario Jurídico de la Presidencia al afirmar que los jueces penales son delincuentes, pero tengo ahora mis reparos a su conducta al observar la manera en que ha procedido con los jóvenes detenidos.
Ellos estuvieron colocando pancartas con la leyenda “Guayaquil declara persona no grata al presidente Rafael Correa Delgado”, por lo que fueron apresados y puestos a disposición de un fiscal quien (acusándolos de incitar al separatismo político) pidió al juez que disponga su prisión, y este –ni corto ni perezoso– lo ordenó. Es conocido que un juez no puede dedicarse a explicar públicamente todas las providencias, pero por la alarma social que este caso ha generado, creo que debería hacerlo.
El asunto es enormemente preocupante por lo que tiene de arbitrariedad y de atropello, pues luce que el Ministerio Público y la Administración de Justicia no están al servicio del derecho: qué tiene que ver la leyenda de una pancarta declarando que para la ciudad el Mandatario no es agradable, con la incitación al separatismo que, según lo describe nuestra lengua, es una doctrina política que propugna la separación de un territorio para alcanzar su independencia o anexionarse a otra país”. ¿No están confundiendo el maíz con la zanahoria? Se trata de un caso de inocultable carga de parcialidad, que no se puede resolver desde la legalidad, por lo que debemos hacer un réquiem por el derecho, dolorosísimo para quienes hemos hecho de su vigencia un culto.
No estoy totalmente conforme con el contenido de las pancartas cuando dicen “Guayaquil” porque el nombre de la ciudad pertenece a todos, no solo a un grupo por muy respetable que sea, y solo el cabildo por decisión mayoritaria de sus miembros o el alcalde podría actuar a nombre de la urbe, pero esa equivocación no impide censurar el abuso del fiscal y del juez ni convalida su actuación a todas luces ilegal y peligrosa para la paz pública.
La pregunta esencial tanto para la academia cuanto para la ciudadanía en general es ¿vivimos en un Estado de Derecho? ¿En aquel en que las decisiones de los órganos del poder son siempre predecibles y la seguridad jurídica es una garantía para los derechos fundamentales? ¿O en uno autoritario en el que existen amplios márgenes de discrecionalidad y el pueblo, el soberano, carece de garantías?
