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MADRID. Agentes de la Unidad de Intervención Policial, conocida como ‘antidisturbios’, piden documentos a un extranjero.

Ser inmigrante en España lleva aparejado el riesgo de convertirse en víctima de malos tratos o torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El peligro se cierne, sobre todo, tras los operativos de identificación que acometen los uniformados.

Los rasgos, distintos a los de los españoles, delatan. En ciertas ocasiones, los golpes no tardan en llegar si el extranjero se niega a proporcionar sus datos. Le ocurrió a Roque Zambrano, ecuatoriano afincado en Madrid. Su caso aparece reflejado en el informe España: sal en la herida, que presentó Amnistía Internacional (AI).

El 15 de noviembre del 2007, camino a casa, dos policías le solicitaron su documento de identidad. El inmigrante pidió a los agentes que antes le proporcionaran sus números de identificación policial. Los uniformados se negaron y trasladaron a Zambrano a la comisaría.

Antes, uno de los policías “lo agarró por el cuello de la chaqueta, lo zarandeó, abofeteó, pateó y estranguló parcialmente, causándole lesiones menores”, reza el informe. Pasó la noche preso y al siguiente día le dijeron que el agente lo denunció por “golpearle, darle un empujón en el pecho que lo hizo caer al suelo y provocarle una lesión en la muñeca”.

“La vulnerabilidad de los inmigrantes es de sobra conocida por los policías, saben que al estar indocumentados no irán a un juez y lo que hacen es interponer una denuncia en su contra”, advierte Esteban Beltrán, director de AI en España.

Otro factor que favorece la impunidad, añade, “se vincula con una sentencia muy preocupante del Tribunal Constitucional en la que se asevera que es lícito que la Policía haga controles de identidad por criterio racial”. El fallo se encuentra recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Beltrán dice que el problema está en que “las investigaciones siguen a cargo de unidades de la Policía y para algunos jueces prevalece la presunción de veracidad a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Retoma el caso de Zambrano para ejemplificar esta última afirmación. El inmigrante fue declarado culpable de un delito de atentado y de una falta de lesiones. Lo condenaron a un año de prisión, a un mes de multa diaria de 3 euros (4,20 dólares) y a pagar una indemnización.

Tras recurrir el fallo, el tribunal de apelación concluyó que los “agentes no fueron veraces”. Zambrano fue absuelto, pero aún no se resuelve la denuncia que puso al uniformado.