Puede ser prematura la crítica que se hace al proyecto del Gobierno, de crear comités populares en defensa de la revolución, cuando el mismo todavía no ha sido dado a conocer; sin embargo, vale la pena citar un detalle: en el evento celebrado en el estadio Atahualpa el pasado lunes, mientras Rafael Correa anunciaba la creación de tales comités, Raúl Castro y Hugo Chávez aplaudían fervorosamente. ¿Son los comités populares de esos países los que servirían de modelo para la versión ecuatoriana de los comités populares?
Si ese fuese el caso, hay que señalar claramente los severos riesgos que podría acarrear el proyecto toda vez que en los casos aludidos, especialmente en Cuba, esa manifestación de organización popular se convirtió en verdadero símbolo de represión e intolerancia, al punto que son históricas las anécdotas acerca del sigilo y hermetismo con que se sostienen las conversaciones de carácter político, inclusive entre miembros cercanos de una familia, pues existe el riesgo latente de que cualquier opinión contraria sea denunciada como intento de provocación o amenaza al régimen totalitario. En todo caso, existe una duda razonable que puede aclararse en la medida que se conozca la versión total del proyecto ya que podría tratarse, más bien, de una nueva aplicación de la llamada democracia participativa, que trate de incorporar la movilización ciudadana en el eventual caso de una desestabilización del régimen.
En otras palabras, lo que se trataría es de organizar y estimular una respuesta popular ante hechos como el ocurrido recientemente en Honduras con el derrocamiento de Manuel Zelaya. En ese contexto, resulta interesante advertir lo que ha pasado en la historia política ecuatoriana en los últimos 50 años con varios derrocamientos o sustituciones forzadas que no generaron mayor protesta popular. Velasco Ibarra en el año 1961, Carlos Julio Arosemena en 1963, nuevamente Velasco Ibarra en 1972, Abdalá Bucaram en 1997, Lucio Gutiérrez en el 2005, fueron depuestos sin que exista una real resistencia ciudadana, lo que puede explicarse, sea por el debilitamiento del apoyo que tuvieron tales presidentes, sea por el desgano habitual que provoca en el ciudadano común una participación en defensa de un régimen.
Ahora bien, ¿qué ocurriría en estos momentos si el presidente Correa sufre un intento golpista o es efectivamente relevado del poder?, ¿existiría un rechazo popular masivo en todas las ciudades del país, protestando en las calles ante tales hechos?, ¿sería efectivamente el pueblo el que de manera multitudinaria resistiese por cualquier medio el golpe de Estado? Esas preguntas no tienen una fácil respuesta pues podría ocurrir que más allá del importante respaldo popular que mantiene nuestro gobernante, la respuesta ciudadana sea cómoda o esquiva ante un eventual relevo forzoso del poder.
Pero, ¿son los comités populares los instrumentos adecuados para una defensa democrática en casos extremos?, ¿puede el remedio hacer más daño que la temida enfermedad?
