Proceso de transición estancado en región insular de Galápagos

El proceso de transición para conformar el Consejo de Gobierno, que será el máximo ente regional, marcha a paso de galápagos, en la provincia que lleva este nombre.

En calles, gremios productivos, incluso medios de comunicación, este trascendental tema para el futuro del archipiélago ha pasado a un plano secundario en momentos que se vive la efervescencia de la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 26.

Esto, pese a que justamente con la creación del Consejo de Gobierno, contemplado en la nueva Constitución, desaparecen dos organismos, uno de ellos integrado justamente mediante voto popular como es el Consejo Provincial. La otra entidad que desaparecerá es el Instituto Nacional Galápagos (Ingala), que es el ente planificador y de control migratorio en esa región.

La Constitución Política, promulgada en octubre del año pasado, a más de desaparecer al Ingala y al Consejo Provincial insular, establece, entre otras cosas, en el artículo 258, que el nuevo Consejo de Gobierno estará integrado por los alcaldes de los tres municipios (Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal), a más de un representante de las juntas parroquiales y estará presidido por el delegado designado por el Presidente de la República.

Este nuevo marco constitucional, según la lógica de la pasada Asamblea Constituyente, se dio con el fin de controlar la inmigración ilegal y mejorar la gobernabilidad en las islas afectada por la superposición de competencias de distintas entidades y que derivó incluso en un llamado de atención de la Unesco, que puso a las islas en la categoría de patrimonio en riesgo en junio del 2007.

Sin embargo, pese a que han pasado seis meses desde la promulgación de la Carta Política poco se ha avanzado en la socialización de una nueva Ley Especial de Galápagos y su reglamento, que será el sustento del Consejo de Gobierno.

Además se registra un lento progreso interno en los procesos de transición en el Consejo Provincial y el Ingala.

Así lo reconoce el prefecto Max Paredes (antes de la DP), quien ocupa el cargo dejado por Fanny Uribe (Movimiento Municipalista), que renunció para candidatizarse a la alcaldía de Santa Cruz. La autoridad provincial indica que por parte del Ejecutivo han sido mínimas las iniciativas en cuanto a asesoría para avanzar en la transición.

El funcionario afirma que solo en enero pasado llegó una comisión gubernamental integrada por delegados de los ministerios de Ambiente, Turismo y Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, para tratar el nuevo marco constitucional.

Este criterio coincide con el del alcalde de San Cristóbal, Pedro Zapata (Movimiento Galápagos Poder Ciudadano), quien señala que participó en la ronda de diálogos de enero. “Nos prometieron que iban a venir en febrero para ir afinando propuestas, pero no nos dijeron de qué año”, ironiza el personero, quien preside el Consorcio de Municipios de Galápagos.

Al momento, casa adentro, la Prefectura trabaja en un informe que tendrá dos ejes definidos: establecer los activos y pasivos del organismo y defender la estabilidad laboral de los 90 trabajadores de esta entidad creada en mayo de 1996.

Esto se cumple paralelamente a las obras que realiza el Consejo Provincial que actualmente está con funciones prorrogadas, desde el 5 de enero pasado, hasta que la próxima Asamblea Nacional apruebe la nueva Ley Especial de Galápagos. El Ingala también está con funciones prorrogadas y hace las veces del Consejo de Gobierno.

Esta “vida artificial” fue avalada en noviembre pasado tras el pronunciamiento de la Procuraduría, que consideró que ambos entes debían seguir funcionando con sus competencias y presupuestos hasta que se cree el nuevo marco jurídico del consejo de gobierno.

En las oficinas del Ingala, ubicadas en Puerto Baquerizo Moreno, se labora en un ambiente de tranquilidad y se desarrollan las actividades con normalidad, según sus directivos.

Detalles

Presupuesto
El Consejo Provincial de Galápagos maneja un presupuesto de 3 millones de dólares, pero con financiamiento externo ha llegado a 25 millones. El prefecto Max Andrade asegura que se les niegan los recursos porque argumentan de que es una entidad a punto de desaparecer.

Trabajos
La Prefectura actualmente desarrolla trabajos como construcción y mantenimiento vial en zonas rurales de las islas, así como edificación de bloques de aulas escolares.

Se comentó

Alfredo Serrano
Ex diputado
“Con la nueva Constitución hemos sufrido un retroceso de 20 años en cuanto a autonomía”.

Moisés Campos
comerciante
“Aquí hay muchas autoridades y no hacen nada. No me molesta que desaparezca el Ingala y la Prefectura”.