Venta del 90% de Interagua no impedirá que se haga auditoría

El Secretario Nacional del Agua critica la oferta de acciones. Un asambleísta afirma que si se encuentran irregularidades, el nuevo dueño deberá responder por ellas.El 90% de las acciones de Interagua está en venta, pero igual se realizará una auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos que la concesionaria asumió para mejorar el servicio de agua potable en Guayaquil. Las revisiones están en manos del Gobierno.César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano, asegura que con la venta se busca evadir las auditorías, pero Jorge Jurado, titular de la Secretaría Nacional del Agua, afirma que se cumplirán.De haber irregularidades, los responsables serán los nuevos dueños, dice el asambleísta Rolando Panchana. Detalle Acciones Proactiva La empresa se interesa solo por el 51% de las acciones de International Water Service, operadora de Interagua. La Secretaría Nacional del Agua advierte que la auditoría se hará pese a venta. El silencio de diez días que ha mantenido Interagua desde que se conoció la venta del 90% de las acciones de su operadora (International Water Service) ha dejado la puerta abierta a los reparos de organizaciones civiles, asambleístas y Gobierno.Interagua es desde abril del 2001 la empresa concesionaria encargada de dar el servicio de agua y alcantarillado a los más de 3 millones de guayaquileños hasta el 2031. Con la venta de las acciones de su operadora, Interagua oferta una “seguridad financiera de más de mil millones de dólares que recibiría esta empresa de parte del Estado y de los usuarios vía impuestos y recuperación de la tarifa”, afirma César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Básicos de la urbe.Cárdenas critica la venta de las acciones porque asegura que así se intenta evadir las auditorías que se harán en el plazo de uno y dos años a los contratos de concesión de agua y alcantarillado a empresas privadas, como establece la nueva Constitución en las disposiciones transitorias 26 y 27.El operador (International Water Service) es el responsable de la gerencia, administración y del servicio, según el contrato. Por esto, dice Cárdenas, “no puede en estos momentos vender sus acciones hasta finalizar la auditoría”.Las revisiones de los contratos están en manos del Gobierno a través de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), cuyo titular, Jorge Jurado, también cuestiona la venta de acciones y la califica de “sumamente grave y criticable”. “Es una irresponsabilidad, un típico acto crematorio en el cual se ha puesto de lado la salud de los guayaquileños”, afirma el secretario.Según el contrato, hasta el 2011 el 95% de los ciudadanos debe contar con el líquido en sus viviendas. Sin embargo, aunque la cobertura actual supera el 85%, hay zonas como Paraíso de la Flor en donde los moradores aún se abastecen con agua de tanqueros.María Magdalena Merchán, del bloque 5 manzana 303, está cansada de cargar 22 baldes de agua todos los días para vaciar el tanque en el que recibe el líquido del repartidor. Sobre el hombro lleva el balde desde la calle principal hasta su vivienda, distanciada por laderas. Se queja porque personal de Interagua le prometieron que este año ya tendría el servicio, pero no ha visto avances, mientras a diario dedica $ 0,80 para los tanqueros, es decir, $ 24 al mes, un costo que supera el promedio de $ 15 mensuales que pagan quienes tienen el servicio.Con la venta de las acciones, Jurado asegura que queda en evidencia el gran negocio que significa la concesión de agua en Guayaquil y teme que las tarifas que pagan los usuarios puedan ser elevadas por los nuevos propietarios.“¿La población qué va a hacer ahí?, acaso puede cambiarse de proveedor”, dice Jurado y advierte que el cambio de accionistas no evitará la auditoría.Pero ¿quién asumirá la responsabilidad de encontrarse irregularidades en esa auditoría? Según el vicepresidente de la mesa de Recursos Naturales de la Asamblea Constituyente, Rolando Panchana, la responsabilidad la asumirían los nuevos dueños, porque la persona jurídica sería la misma.No obstante, Augusto Parada, asesor legal del Observatorio, cree que la persona jurídica sí podría cambiar. Según el contrato, la denominación de la sociedad concesionaria debe incorporar el nombre del operador. “No es que puede cambiar, tiene que cambiar el nombre. Al vender el operador a otra empresa tendrían que ponerle el nombre del nuevo operador”.En un comunicado, la Empresa Cantonal de Agua Potable de Guayaquil (Ecapag) señala que, de concretarse la negociación, el operador seguirá siendo Interagua y que el contrato no sufriría ninguna variación.Esto no tranquiliza a la asambleísta Mónica Chuji, quien fue presidenta de la mesa de Recursos Naturales de la Asamblea. Ella dice que se debe impedir la venta de las acciones de la operadora de Interagua o más bien que sea el Estado el que compre las acciones, pues la privatización de este recurso está prohibida según el artículo 318 de la nueva Constitución, que esta semana se publicará en el Registro Oficial y entrará en vigencia. “Debe ser el Gobierno central el que asuma esas acciones y que se convierta en una empresa pública”, indica.Mientras, el alcalde Jaime Nebot afirmó el viernes que no hay ninguna venta autorizada todavía. “Interagua es una persona jurídica, sus accionistas son otra cosa, pero debe cumplir requisitos”. Interagua hasta ayer seguía en silencio. Decreto El 7 de octubre del 2000, el presidente de la República, Gustavo Noboa, suscribe el decreto que habilita a Ecapag para que concesione al sector privado los servicios de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. Oferente La concesión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de Guayaquil cuenta con un solo ofertante: International Water Services. Adjudicación El directorio de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) adjudica el 22 de diciembre del 2000 a la firma holandesa International Water Services Limited (IWL) esos servicios. Para los últimos días de enero se ha previsto la firma del contrato de concesión. Desde esa fecha se contarán 60 días para el inicio de las operaciones. El periodo de concesión regirá hasta el año 2031.

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