Tiene sus motivos que, durante el relato, se transforman en nombres, apellidos y partidos. Algunos son más recurrentes: León Febres-Cordero, Juan José Pons, los Isaías, el PSC, Jaime Velasco. En fin, la lista es larga.
Los responsabiliza de su traslado a Bogotá (donde se desempeña como parlamentaria andina por la alianza entre PAIS y el Partido Socialista, aunque debía ejercer el cargo en Quito), eludiendo una orden de prisión por peculado en el supuesto pago anticipado y excesivo a Bolívar González, a quien contrató como su abogado de coactivas.
Desde el 6 de enero está en Quito – cruzó la frontera por tierra– y permanece en la Universidad Andina, edificio que goza de inmunidad (por ser parte del Sistema Andino de Integración) y cuyo rector es Enrique Ayala, ex diputado del Partido Socialista cuando ella encabezó la AGD. Además, Marco Romero, esposo de Salgado, es profesor en ese instituto; los tres son amigos desde la época universitaria.
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Salgado no habla demasiado de su estadía en Colombia, donde residía en un hotel, pero sí de quienes cree responsables de sus malos ratos.
“La persecución es por no haberle aceptado el fideicomiso El Descanso al señor Agustín Febres-Cordero, hermano de León Febres-Cordero, conformado con tierras que eran de unos comuneros de la Península”, asegura Salgado.
Según la parlamentaria, a través de funcionarios de la AGD, le han llegado a ofrecer hasta $ 5 millones por aprobar esquemas de pagos convenientes para el deudor y la presionaban con el anuncio de juicios penales.
Asumió el cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero dice que aceptó por pedido de Pachakutik, entonces aliado al régimen. “Él decía ‘banqueros corruptos’, pero era bla, bla. Sus asesores me llamaban para decirme a qué reuniones debía o no debía ir para definir o no mayorías, pero no les hacía caso”.
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El 29 de mayo del 2007, ella y González fueron sentenciados por el Tribunal 2º de lo Penal a cumplir ocho años de reclusión, pero Xavier Aguilar, abogado de Salgado, asegura que “tiene inmunidad por ser parlamentaria y goza de fuero de corte”.
También recuerda los embargos que realizó en Guayaquil y que le trajeron más juicios. “El caso de Pons por $ 56 millones que quise cobrarle. Después su medio hermano Antonio Andretta me persiguió cuando fue ministro de Gobierno. Hasta los jueces admitían mi inocencia, pero me decían que me ponga a buen recaudo, entre ellos Jaime Velasco. Igual me iban a dictar prisión por las presiones”.
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Salgado defiende a González, pero en su campo: el cobro de deudas.
“Si ha cometido irregularidades en otras áreas, que lo juzguen, pero no por este caso, porque no hay nada. De pronto fue lo único que hizo bien”. Según ella, González –a quien la Fiscalía acusó de tentativa de asesinato contra los ‘forajidos’ en las protestas del 20 de abril del 2005– cobró menos. “De acuerdo a la recuperación de cartera ($ 163,9 millones), se le debía pagar $ 4,9 y se le pagó $4,1 millones, aunque vio $ 2 millones con los descuentos”.