Una profunda crisis de poderes antecede al plebiscito que se realiza hoy. La “confusión”, el “temor” y la “ilusión” son los rasgos que caracterizan al plebiscito al que hoy están convocados nueve millones de ecuatorianos.
La inseguridad y la desinformación marcarán la actual consulta popular a la que llega el país después de intensas confrontaciones que, según analistas, desembocaron en una pugna de poderes y polémicas legales que empezaron mucho antes del cambio de mando.
Según la encuestadora Cedatos-Gallup, a menos de una semana de la consulta popular el 98% de los ciudadanos dijo no conocer la papeleta ni el contenido del estatuto que se someterá a su aprobación.
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Desde la campaña electoral, el presidente de la República, Rafael Correa, promovió que “la Patria ya es de todos”, y hace poco más de un año, el 17 de marzo, dijo: “Mi decreto 002 será la convocatoria a una consulta para llamar a una Asamblea Constituyente”. También firmó acuerdos con otros movimientos y partidos que apoyaban la consulta y propuso una asamblea con plenos poderes para reestructurar los organismos de control, cambiar el sistema electoral y garantizar la descentralización y las autonomías.
Como parte de su estrategia de campaña en las elecciones de la primera vuelta, Alianza PAÍS, su movimiento, no presentó candidatos a diputados, incluso hizo campaña por el voto nulo para los legisladores.
Al mismo tiempo arremetió contra el Congreso al que incluso calificó de “cloaca”.
El no tener legisladores gobiernistas sino de los partidos afines, MPD, PSE, ID, RED y PRE, que apenas llegan a un tercio del número de diputados, le ocasionó dificultades con la Legislatura, cuyo bloque mayoritario intentó bloquear la consulta. Ahora, dice Augusto Barrera, profesor de la Flacso, el actual Gobierno necesita legitimar su tesis, “porque hay un agotamiento de la representación política y por la propia actitud del Congreso” que intentaba boicotear la Asamblea con el levantamiento del candado constitucional, que establece que toda reforma debe hacerse en dos debates y con el lapso de un año entre discusiones.
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A esta oposición se sumó un conflicto legal porque la figura de la Asamblea no está contemplada en la Carta Magna vigente desde 1998. El Presidente propuso para ello una consulta popular, pese a que la Constitución solo le permite eso para hacer reformas con la previa autorización del Congreso formulando textos concretos para que el electorado resuelva.
La Constitución también faculta a los ciudadanos para que con el 8% de firmas del padrón del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a consulta, pero en temas que no sean reformas constitucionales.
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En medio de la disputa entre el Gobierno y el Congreso, en marzo pasado, el TSE destituyó a 57 diputados acusándolos de interferir en el proceso electoral. Con ello se desató una pugna de poderes en medio de la cual se principalizaron los diputados alternos con la venia del régimen. Desde entonces, el Parlamento no ha podido sesionar normalmente.
Algunos de la docena de plebiscitos que se han hecho desde el retorno a la democracia en 1979 han sido usados para legitimar la tesis de los gobiernos, dicen analistas. La actual consulta ha polarizado las discusiones entre quienes la apoyan, como Carlos Humanante, del Movimiento Popular Democrático, porque la creen una vía para garantizar mejoras laborales o educativas; y quienes la critican, como Diego Ordóñez, de la Unión Demócrata Cristiana, porque temen que pueda cambiar el modelo económico de la dolarización y coartar las libertades individuales.
Para el ex vicepresidente de la República, Eduardo Peña Triviño, la tesis del régimen no está clara en la consulta y despierta dudas y a la vez ilusión. “Nadie se siente seguro de cuál es el proyecto del Gobierno, especialmente en la parte organizativa del Estado”, recalca.
También el consultor político Luis Eladio Proaño cree que la confusión y el desconocimiento de los electores hace que la actual consulta no sea un aporte para la democracia.
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“Una consulta que hace preguntas claras, por ejemplo: ‘¿Quiere usted que siga la dolarización? Sí o no’; esa sí ayuda a la democracia, porque se sabe por qué se está votando, pero no una consulta a ciegas”, explica. En este caso, según el politólogo Simón Pachano, la gente no votará pensando en las reformas de la Asamblea sino a favor o en contra del Gobierno como en otros plebiscitos.
El ex asambleísta Ricardo Noboa recalca que lo correcto hubiera sido “marcarle la cancha” a la Asamblea en temas como la politización del Tribunal Supremo Electoral, autonomías o el voto en plancha. “La reforma política es una necesidad que tiene el país, el truco está en que se quiere hacer una reforma estructural”, afirma.
Eduardo Peña
Ex vicepresidente de la República
“Nadie se siente seguro de cuál es el proyecto del Gobierno, especialmente en la parte organizativa del Estado”.
Augusto Barrera
Profesor de la Flacso
“La propia acción del Congreso legitima la consulta popular. Además, hay un agotamiento de la representación política”.
Ricardo Noboa
Ex asambleísta
“La reforma política es una necesidad que tiene el país, el truco está en que se quiere hacer una reforma estructural”.
11 de enero
El Gobierno logra un acuerdo con el partido Sociedad Patriótica para una asamblea con plenos poderes.
16 de enero
El presidente Rafael Correa firma el decreto para convocar a consulta. El estatuto se contradice, por ejemplo, no aclara que los asambleístas de los partidos también debían presentar firmas de respaldo como había dicho Correa.
17 de enero
El pleno del Tribunal Supremo Electoral debate sobre la viabilidad de la propuesta de consulta del presidente Correa. El Congreso analiza debate del documento y cuestiona que no haya sido presentado sino una copia al Parlamento.
24 de enero
El TSE remite el texto de la consulta para que el Congreso resuelva. Correa desconoce decisión y amenaza con instalar un tribunal Ad Hoc para organizar la consulta.
14 de febrero
Congreso aprobó Consulta y aseguró permanencia de diputados. TSE fijó para el 15 de abril el plebiscito. No se define el estatuto.
1 de marzo
TSE convoca a consulta oficialmente acogiendo el estatuto presentado por el presidente Rafael Correa.
6 de marzo
Una mayoría del Congreso “sustituye” al presidente del TSE, Jorge Acosta. Al día siguiente, el Parlamento resuelve enjuiciar a cuatro vocales. Estos, a su vez, destituyen a 57 diputados.
21 de marzo
El Congreso se instaló con 21 diputados suplentes de los que fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los destituidos presentan recursos de amparo.
