Poco motivado, me respondió que la perspectiva de tener su propio consultorio era de muy largo plazo, su realidad era diferente a la de otros compañeros que vienen de familias de médicos de tradición o de recursos suficientes para apoyarlo en su independencia, la inversión de su propio consultorio como neurólogo demandaría alrededor de 50.000 dólares.
Se lamentaba de tener que emigrar a otro país primero, obtener un estudio de postgrado y el ahorro suficiente para concretar su sueño en esta ciudad, “nadie da crédito ni cree en jóvenes profesionales”, acotó.
Considerando que el sector privado aún no ve el potencial de rendimiento que tendría apostar por este sector, ustedes al igual que yo en ese momento, recordarán las estadísticas del déficit de atención médica ambulatoria que los medios difunden con tanta frecuencia, y se preguntarán por qué no interviene el Estado en la promoción de este sector clave en Ecuador como lo es la salud.
Si se descarta la idea de otorgar una línea de crédito para ellos, el Estado podría participar como originador de un fideicomiso para la titularización de un programa piloto de torres médicas para jóvenes y talentosos especialistas, no se demanda ni un dólar al presupuesto del Estado, puesto que estos procesos se autofinancian completamente.
El Estado asignaría un terreno y financiaría el estudio y estructuración del proceso de titularización de la torre médica para que los compradores de títulos ganen su rentabilidad garantizada por la torre y su desempeño. Por otra parte, los profesionales reciben su financiamiento y pagan puntualmente su crédito más intereses. Dentro del dinero que se capta de los inversionistas, se devolvería al Estado el valor del terreno y el costo de la estructuración.
La idea de la participación estatal es clave como fuerza propulsora de este mecanismo de financiamiento que permite el crecimiento del mercado financiero, concertando a inversionistas de pequeña y mediana escala (como usted o como yo) para ahorrar dinero y con él apostar por el desarrollo de médicos a quienes desde edad temprana se los puede comprometer a su contribución solidaria a través de consultas semigratuitas e inducirlos entre otras a una cultura tributaria, tan cuestionada en estos profesionales, etcétera.
Es un principio cooperativo: el Estado promueve, el pueblo cree e invierte y estos profesionales se desarrollan y se solidarizan a disminuir el déficit de atención ambulatoria. Se podría ocupar ese conocimiento cautivo de los médicos jóvenes y comprometerlos para que retribuyan a la sociedad por la apuesta a su desarrollo.
Los mecanismos de ejecución son de fácil estructuración: concesión de consultorios con derecho a compra o no, controles para la correcta designación de los profesionales favorecidos, cuantificación de sus consultas médicas solidarias, etcétera; las posibilidades son tan diversas como la imaginación lo permita.
Lo cierto es que podemos plantearnos la idea de que la solución de los grandes problemas sociales de nuestro país podrían resolverse respondiendo a necesidades puntuales y en un plazo razonable, con voluntad, el cambio es posible, ¿lo puede usted imaginar?
*Profesora de la Espol
