En 1998, el Estado pasó a controlar a Filanbanco para evitar una crisis bancaria y los ex accionistas del banco entregaron bienes en garantía por posibles pérdidas. En junio de 2000 se inició un juicio por presunto peculado en contra de los ex administradores. En 2003, Contraloría determinó sobreavalúo en esos bienes, pero el informe no está en el proceso.