En octubre de 1998, 16 meses después de firmarse el contrato por la compra de dos helicópteros Bell para la Armada, comenzó la serie de desacuerdos entre las partes. Casi cuatro años después, el resultado es que el Estado pagó 17,9 millones de dólares a la vendedora Panamerican Organization Properties (POP) y las esperanzas de recuperar las aeronaves o el dinero son muy distantes.