Casi a finales de enero de este año, cuando el Gobierno veía en la repatriación de reos colombianos y peruanos una opción para liberar espacio en las cárceles de Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, indicó que buscaba el regreso de 1.500 presos extranjeros a sus países de origen.

Para ese entonces, la población carcelaria era de 31.764 personas privadas de libertad (PPL), según las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que maneja los reclusorios.

‘Es errada la información, señor presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi $ 30 millones que nos debe’, responde accionista de Lafattoria a Daniel Noboa

“Se gasta más en ellos que en el desayuno escolar”, comentó el mandatario durante una entrevista con la televisora Teleamazonas. Algo más de tres meses después de esta aseveración, el servicio de alimentación en las cárceles captó la atención pública, la semana anterior.

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Aludiendo falta de pago del Gobierno nacional, la empresa Lafattoria, del grupo Riasem, suspendió la provisión de alimentos en el territorio 1, que agrupa a las cárceles del norte del país: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, donde hay 11.400 internos.

La firma no tiene un contrato y prestaba el servicio a través de convenio de pago, una figura para casos extraordinarios. Lafattoria sí tiene relación contractual con el territorio 3, integrado por los cinco reclusorios del complejo carcelario de Guayaquil (12.464 internos a finales de marzo), donde se encarga de la alimentación de los presos desde 2011.

Inicialmente era por contrato y luego la empresa ha concursado cuando se han convocado las licitaciones públicas, en muchas de estas la firma ha sido la única oferente, según sus representantes.

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A más del servicio a las cárceles de estos dos territorios (1 y 3), el grupo Riasem también es proveedor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en dos zonas del país, desde hace ocho años.

Y por eso, según Richard Villagrán, presidente del conglomerado, la deuda del Gobierno asciende a $ 28′500.000.

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Por el servicio de alimentación en las cárceles el Gobierno adeudaba cinco meses y medio hasta la primera quincena de abril. Mientras, por el desayuno escolar el retraso sería de tres meses.

La deuda pone en riesgo la alimentación de los internos del complejo carcelario de Guayaquil y también el desayuno escolar para los próximos meses, puesto que el grupo también tendría compromisos pendientes con sus proveedores.

Investigación en la Fiscalía

La situación no se zanjaría fácilmente ya que tras la suspensión del abastecimiento de comida en las cárceles del norte del país, la Presidencia de la República introdujo una notitia criminis en la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el servicio.

En el documento constan informes del centro de inteligencia estratégica sobre supuestos actos ilícitos de carácter penal en los que estaría involucrada la compañía proveedora del servicio. A través de un comunicado, el gobierno de Daniel Noboa se refirió a una conducta monopólica.

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En sus redes sociales el mandatario señaló: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”.

Y refirió que “son 171 millones (de dólares) los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy (jueves) en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

En respuesta, Richard Villagrán, presidente del grupo Riasem, difundió un comunicado en el que expresó su apertura a la investigación de la Fiscalía.

Sostuvo que una vez que concluya el proceso y se confirme que no hay nada ilícito terminarán “esos rumores maliciosos” y se demostrará que al presidente Noboa “lo han malinformado”.

“Es errada la información, señor presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi $ 30 millones que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”, dice parte del comunicado.

Villagrán descartó tener vinculación con “políticos del pasado” y mucho menos con el narcotráfico.

Lafattoria alega que Gobierno mantiene una millonaria deuda por provisión de alimentos en cárceles

El costo de la alimentación por cada preso

El servicio de Lafattoria se compone de tres comidas diarias para adultos y cinco comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y dos refrigerios) para los adolescentes.

El Estado paga $ 2,50 por persona al día, según la empresa.

El desayuno escolar

Mientras, por el servicio de alimentación escolar la compañía recibe alrededor de $ 0,30 por cada ración alimenticia, que se compone de una leche o un jugo y una barra o galleta. (I)