Fiscal Diana Salazar, la autoridad que incomoda a algunos y es aplaudida por otros por los casos que investiga

Con Diana Salazar no hay medias tintas. O la respaldan o la odian. Las opiniones a favor y en contra de la fiscal general del Estado se volvieron a encender con el denominado caso Purga, por el que ahora están en prisión preventiva Pablo M., exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), y la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola G., entre otros, quienes son parte de los doce imputados por el presunto delito de delincuencia organizada.

Por este proceso, que se deriva del caso Metástasis, quienes apoyan su trabajo la han ovacionado y señalado que lidera -una vez más- la lucha contra la corrupción, que se enfrenta a la narcopolítica y al crimen organizado.

Al contrario, sus detractores la acusan de actuar a conveniencia. Que con el caso Purga busca evitar el juicio político y es su revancha contra sus adversarios políticos por la censura y destitución de Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, de quien se dice que era muy afín a ella.

Lady Diana Salazar Méndez tiene 42 años. Se convirtió en fiscal general del Estado en abril de 2019, elegida por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), presidido por Julio César Trujillo (+).

En aquel proceso de selección obtuvo la más alta calificación con 88,17 sobre 100 puntos: 49/50 en méritos, 28,17/30 en la audiencia oral y 10/20 en el examen escrito. Sumó un punto más por acción afirmativa al ser afrodescendiente.

Por el puntaje en el examen escrito, sus opositores, entre ellos el expresidente Rafael Correa, le pusieron el apodo Fiscal 10/20. También la llaman con el apelativo Lady Impericia, porque en el informe de la Universidad Central, que concluyó que la fiscal sí elaboró su tesis de grado, se mencionó que hubo “impericia” de la entonces estudiante al momento de citar textos.

En su carrera en la Función Judicial, Salazar ha liderado varios procesos que han concluido en sentencias emblemáticas, como los casos FIFA Gate, Odebrecht, Sobornos 2012-2016, Las Torres, el caso contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, entre otros.

En los procesos Odebrecht y Sobornos 2012-2016 fueron condenados funcionarios del gobierno de Correa, incluyéndolo a él y a su exvicepresidente Jorge Glas. Sentencias criticadas y calificadas como ilegales por el correísmo.

Otras causas que están en camino, y que avanzan a diferentes ritmos, son el caso Sinohydro, Reconstrucción de Manabí, Encuentro, Metástasis...

Y ahora se suma el caso Purga, que ha provocado un fuerte sacudón por las presunciones de corrupción en la Función Judicial de Guayaquil, que por el momento involucra a un político, jueces, servidores judiciales y hasta a personas relacionadas con el crimen organizado, algo similar a lo que se observa en Metástasis.

Salazar ha dicho que los ataques y descalificaciones que recibe no son más que intentos de las fuerzas políticas, a cuyos líderes procesó, y de organizaciones criminales que buscan impunidad.

Se calienta el camino para el juicio político

Diana Salazar estará en funciones hasta abril de 2025. Pero la Revolución Ciudadana busca sacarla del cargo antes, mediante un juicio político. La acusan de supuestas “acciones u omisiones” en doce casos judiciales, entre los cuales están Sobornos, León de Troya, Encuentro, INA Papers o Sinohydro, Danubio.

El tema está a la espera de ser tratado en la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre. Aunque el juicio pase el filtro de la mesa legislativa, quedará en manos del pleno ver si hay los votos suficientes para la destitución y censura. Aquello aún es incierto.

El PSC ha ratificado que no respaldará la interpelación. Previamente, la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) y el movimiento Construye también compartieron la misma postura.

Jaime Nebot sobre el caso Purga: No necesito manipular la justicia, ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos

Pero en la política ecuatoriana nada está escrito en piedra y los votos podrían “virarse” en cualquier momento. Todo dependerá de la coyuntura política y judicial.

Basta con ver cómo terminó una moción propuesta por Construye, para que en la sesión plenaria del 7 de marzo se incluyera en el debate una resolución de respaldo a la fiscal por el caso Purga.

De los 103 asambleístas presentes, 60 votaron a favor, pero se necesitaban 70 para aprobar. Hubo 40 que votaron en contra, entre ellos la RC. Se registraron 34 ausencias y una abstención.

Los ausentes fueron el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), y varios de sus compañeros de bancada, así como también legisladores de Construye y algunos independientes.

Elogios y reproches

José Chalco, abogado constitucionalista, es una de las voces que aplauden el trabajo de la fiscal general del Estado y califica de ilegal el juicio que se cocina en la Asamblea.

“Es una funcionaria que conoce el Derecho, lo aplica y comprende la función máxima de la ciencia jurídica que es transformar a la sociedad, ello realiza, y aquello debe ser cualidad digna de emulación por los ecuatorianos. Buscar una destitución absurda vía juicio político ilegal e inconstitucional, de quien lucha contra la corrupción e investiga los delitos, es un asunto de Estado y requiere de ese tratamiento”, destacó Chalco.

En la vereda de los detractores está Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión. Ella es parte del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), agrupación que asegura que Diana Salazar plagió el 40 % de su tesis de grado y también un artículo científico. La denuncia llegó a discutirse en el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); por ello, la Corte Constitucional destituyó de la presidencia del organismo a Alembert Vera.

Schettini comentó que Salazar no cuenta con las credenciales para la función que desempeña y que llegó al cargo por medio de irregularidades. Por otro lado, expresó que los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno la protegieron. A cambio de esa relación, la fiscal no ha actuado con diligencia en los casos de corrupción que salpican a los expresidentes.

“La fiscal general es una autoridad selectiva. Simplemente actúa en los casos que ella quiere ver, que es en contra de los partidos políticos. Busca atacar a los opositores de quienes ella defiende o por quienes llegó (al cargo), que justamente son los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Ha olvidado estar en el caso INA Papers, Pandora Papers. Todos esos casos quedan en la impunidad”, criticó Schettini.

La fiscal tiene más aprobación que la Asamblea

Antes del operativo del caso Purga, la confianza ciudadana en Diana Salazar alcanzó el 57,7 %. Su calificación la ubicó por encima de la Asamblea Nacional, así como de jueces y fiscales, según una encuesta de opinión de Cedatos, levantada entre el 19 y 22 de febrero.

Asimismo, el 63,1 % dijo estar de acuerdo con la forma en que la Fiscalía, liderada por Salazar, ha actuado frente a la crisis de inseguridad del país. Para Polibio Córdova, director de Cedatos, la aceptación responde a que la gente ha visto con buenos ojos la actuación en el caso Metástasis.

Cuando se ejecutó el megaoperativo del caso Purga, la madrugada del 4 de febrero, las reacciones en redes sociales e internet se dispararon. Buena parte de la conversación digital fue positiva para la fiscal, según una medición realizada por el consultor político Andrés Jaramillo con la herramienta Social Alert, entre las 15:00 del domingo 3 de marzo (un día antes del operativo) y las 15:00 del lunes.

Hubo un total de 9.600 publicaciones sobre Salazar; en 557 prevaleció la etiqueta #Yoapoyoalafiscal.

Jaramillo reflexionó que la reacción positiva de los internautas, así como lo que muestra la encuesta de Cedatos, es una carta con la que podría jugar la fiscal tanto para encarar el juicio en la Asamblea como para una futura carrera política. Lo último incluso podría ser una opción para que ella y su familia se mantengan protegidas.

Una candidatura política no está entre las prioridades de Salazar, al menos no piensa participar en los comicios que se aproximan. En varias entrevistas la fiscal ha precisado que no está interesada en candidatizarse para las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, habrá que ver qué pasa después, si se mantiene o no lejos de la lid electoral. (I)