Los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filanbanco, han ido recuperando poco a poco y en silencio los bienes y acciones de compañías que les fueron incautados por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en julio del 2008, para cubrir un supuesto hueco patrimonial de más de $ 600 millones generado por sus manejos financieros.

Esto, a consecuencia de tres fallos: dos de un juez de Guayas por cual obtuvieron primero, en el 2018, medidas cautelares para evitar que fueran vendidos a terceros y, cuatro años después, que se declarara la vulneración de sus derechos y se les regresara lo incautado; y un tercero de un tribunal de alzada que ratificó lo anterior.

Abogados cercanos a los Isaías comentaron a EL UNIVERSO que no tienen un inventario de todo lo que esperan recuperar ni de lo que ya se ha transferido al Fideicomiso Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust), creado en Estados Unidos para recibir los bienes.

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Cuando se produjeron las incautaciones la prensa reportó que la AGD se quedó, en principio, con 195 propiedades y compañías a través de varias resoluciones emitidas en julio de 2008, pero luego sacó otras más en los siguientes meses. Entre las empresas más destacadas estaban los canales de televisión TC Televisión y Gama TV, la editorial Uminasa, el Hotel Ramada de Guayaquil, el ingenio azucarero La Troncal, así como empresas inmobiliarias, aseguradoras, mineras y petroleras.

“No existe un inventario del fideicomiso. La sentencia ordena la restitución de los bienes que no hayan sido vendidos (la mayoría lo fueron)”, explicaron los juristas.

Uno de los bienes devueltos fue el edificio donde funciona el Ramada. La empresa Cadena Hotelera Hotelca C. A., cuyas acciones fueron adquiridas por sus empleados en el 2009, no es la dueña de la sede del hotel.

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Hasta el año pasado se la arrendaba a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), a donde fueron a parar muchos de los bienes incautados a la banca cerrada.

El inmueble pasó a manos del Fideicomiso Mercantil Ramada, constituido por el Fideicomiso Comité DH-ONU-Reparación Integral de los Isaías. Pero este cedió luego los derechos fiduciarios a un tercero, quien está reclamando el desalojo de la propiedad y el pago de la renta atrasada.

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También se han recuperado y vendido a terceros casas, departamentos, terrenos y otros.

En la rendición de cuentas de Inmobiliar correspondiente al 2023 publicada en su sitio web, en el apartado del Área de Litigios se menciona escuetamente que un juez ordenó la devolución de los bienes a los Isaías y que esto ya está en proceso.

Los abogados cercanos a los exbanqueros aseguraron, no obstante, que los medios de comunicación no les pueden ser restituidos porque “las frecuencias son del Estado y sus instalaciones están afectas a ese servicio, y por ende no son restituibles”.

El traspaso de los bienes al fideicomiso de los Isaías no se detuvo pese a que el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro de Inteligencia Estratégica, Inmobiliar y otras instituciones, presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) para dejarlo sin efecto.

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La demanda se planteó en octubre del 2022; y la audiencia de estrados para conocer los argumentos de las partes en litigio y de terceros interesados se realizó en mayo del 2023.

Pero hasta la fecha, la jueza ponente del caso, Karla Andrade, no ha presentado al pleno del CC su propuesta de dictamen.

Mientras tanto siguen llegando amicus curiae de representantes legales de empresas incautadas que ya fueron vendidas, o gremios de campesinos que se rehúsan a salir de los predios rurales en disputa, así como análisis jurídicos de abogados a favor y en contra de los Isaías.

A través de varios escritos, los demandantes han exhortado a la magistrada para que apure su dictamen. Una fuente de la CC dice que el caso es muy complejo y que por ello se está tomando su tiempo para resolverlo.

Los abogados cercanos a los Isaías señalan que sería importante que las autoridades investiguen, además, qué pasó con algunos de los bienes y empresas incautados que quebraron o “desaparecieron”. (I)