Desde que el Ecuador retornó a la democracia en 1979, el Parlamento (como congresos o asambleas) ha sido un escenario de escándalos derivados de pactos, componendas y compras de conciencia; y ha experimentado una constante evolución en prácticas corruptas que pasaron de los diezmos y repartos de cargos públicos a casos de delincuencia organizada vinculados con el narcotráfico.

La Asamblea Nacional no ha demostrado suficiente capacidad para autodepurarse, las acciones políticas no pasan más allá de una reforma puntual para castigar esos hechos o de la creación de comités o comisiones de ética, integradas por los mismos legisladores quienes juzgan las conductas de los asambleístas envueltos en escándalos, siempre y cuando se presente una denuncia.

Si a la corrupción no se ataja bien, sigue su curso y hasta se normaliza que en la Función Legislativa aún se presenten casos de inconductas que rayan en lo inmoral e ilegal como la gestión de cargos públicos, diezmos y toma y daca, a cambio de votos para aprobar leyes, bloquear o facilitar los juicios políticos.

Publicidad

A lo largo del tiempo son varios los legisladores que fueron señalados, denunciados y hasta procesados por sus inconductas. Algunos fueron condenados con la cárcel por cobrar diezmos, recibir favores, uso de carné truchos de discapacidad y por casos de delincuencia organizada en el reparto de hospitales, otros siguen prófugos con deudas ante la justicia.

Entre el 2018 y el 2020, Fiscalía inició cuatro procesos penales independientes por concusión en contra de las exasambleístas Norma Vallejo, María Alejandra Vicuña, Karina Arteaga de la bancada Alianza PAIS, y también estuvo procesada la exlegisladora Nivea Vélez, del movimiento Municipalista.

Los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, en el 2020, fueron procesados por el delito de delincuencia organizada por ser parte de una estructura criminal armada para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, localidad ubicada al norte de la provincia de Manabí. En el caso de Mendoza, fue sentenciado a cuatro años dos meses de cárcel, pero se acogió al beneficio de régimen semiabierto y en agosto de 2024 cumplirá el 100 % de la pena; en cambio, el juzgamiento al exlegislador Azuero está suspendido por estar prófugo de la justicia.

Publicidad

El fantasma del hombre del maletín, personaje para unos ficticio para otros real al momento de conseguir los votos que opera en el Parlamento muchas veces de la mano del Gobierno de turno, no se ha marchado. El ejemplo más reciente fue cuando en medio del juicio político al exmandatario Guillermo Lasso, en mayo del 2023, los asambleístas correístas y socialcristianos salieron a denunciar que este estaba operando para “salvarlo”.

En definitiva, la Asamblea Nacional está signada por este tipo de escándalos.

Publicidad

Tras el surgimiento de los casos penales denominados Metástasis y Purga, la ciudadanía vuelve la mirada a la Función Legislativa porque dos exlegisladores que ocuparon el cargo hasta mayo de 2023, Ronny A., del movimiento Revolución Ciudadana, y Pablo M., del Partido Social Cristiano (PSC), fueron vinculados por la Fiscalía General del Estado por delincuencia organizada a estos procesos. Los elementos expuestos para vincularlos fueron chats, mensajes de audios, fotos y videos.

Coincidencialmente las fuerzas políticas a las que pertenecen estos exasambleístas procesados por la Fiscalía mantienen un pacto político desde mayo de 2021 que transcendió a la muerte cruzada del 2023.

En este periodo de transición legislativa las bancadas RC y PSC consolidaron los acuerdos políticos y lograron sumar al Gobierno de Daniel Noboa para repartirse la gobernanza de la Asamblea Nacional hasta mayo de 2025.

En la agenda legislativa se incluye el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar; las tres fuerzas políticas aliadas mantienen el control absoluto de la Comisión de Fiscalización encargada de procesar la solicitud de juicio planteado por Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, por supuesto incumplimiento de funciones.

Publicidad

Paralelamente, la Comisión de Fiscalización abrió una investigación sobre el caso Purga, para determinar la vinculación de la narcopolítica con la justicia, aún define el cronograma de comparecencias donde dicen que invitarán a rendir su versión a los dos exlegisladores procesados: P. Muentes y Ronny A.

El PSC y la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) ratifican una y otra vez que no darán sus votos para destituir y censurar a la fiscal Salazar.

Sin embargo, en la última semana, los votos de esas dos fuerzas políticas faltaron para aprobar en la Asamblea Nacional una resolución planteada por la bancada de Construye para respaldar el trabajo en la acciones penales que viene ejecutando la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, los administradores de justicia y el equipo de funcionarios a cargo de la investigación denominada Purga.

Tras la críticas públicas, los socialcristianos anunciaron que el partido respalda la lucha integral contra la corrupción y que no irá con medias tintas, y que planteará un cambio en el orden del día para que la Asamblea Nacional solicite a la Fiscalía General del Estado la fecha de inicio de la indagación o formulación de cargos en los casos: Encuentro, Flopec, León de Troya, caso Isspol, Reparto de Hospitales, al igual que en el pedido de investigación requerido por el pleno del Parlamento como consecuencia del procesamiento del juicio político al expresidente Guillermo Lasso, por presunto delito de peculado; y, a los exvocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo, por el presunto delito de tráfico de influencias.

El tema se incluye en el orden del día de la sesión plenaria 915 de este martes 19 de marzo a las 14:00, como segundo punto como “resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía General del Estado en los procesos investigativos que actualmente está llevando adelante dentro de sus competencias en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado”. (I)

En agenda

  • Este lunes 18 de marzo, a las 10:00 en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, realizará su rendición de cuentas 2023.
  • El martes, 19 de marzo, está previsto que el pleno de la Asamblea Nacional se reúna para conocer y aprobar la proforma presupuestaria de 2024. No hay informe de mayoría y el plazo para que se pronuncie el Parlamento vence el 20 de marzo.
  • La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abre esta semana el periodo de comparecencias en el juicio político al exministro de Energía Fernando Santos Alvite, acusado de incumplimiento de funciones en la crisis energética. (I)