Varios planteamientos preparan las organizaciones sindicales al presidente de la República, Daniel Noboa, luego que su propuesta de reformar la Constitución y el Código del Trabajo para permitir la contratación a plazo fijo y por horas no recibiera el respaldo de la población en el referéndum y consulta popular del pasado 21 de abril.

El Ejecutivo fundamentó su iniciativa por el nivel de desempleo en el Ecuador. Citando cifras de la Cámara de Industrias y Producción, señala que de los 8,4 millones de personas que conforman la población económicamente activa (PEA) a junio de 2023, unos 2,9 millones (34,5 %) tienen un empleo adecuado frente a 5,1 millones (61,4 %) que tienen un empleo en condiciones no adecuadas.

Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), señala que la conmemoración del Día del Trabajo, el miércoles 1 de mayo, es el momento pertinente para trasladarle al Gobierno nacional sus necesidades.

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Indica que mediante una carta la FTPP va a plantear al Gobierno el análisis de la actualización de las capacidades y desempeños que tienen los trabajadores públicos, a fin de que se les permita mejorar sus condiciones de ingreso.

Apunta que desde el 2015, a partir del Acuerdo Ministerial 0054, los salarios del sector público, principalmente los trabajadores que tienen que ver con el Código del Trabajo, están congelados. Menciona que la pérdida de la capacidad adquisitiva de esos salarios se ha disminuido en más de un 60 %, por tanto, desde esa organización creen que “es lógico y evidente que el Gobierno entre ya en un análisis de esos temas”.

“Pero no solamente un aumento de remuneración, sino principalmente incorporando criterios de eficiencia en el desempeño de las actividades de los trabajadores, es decir, capacitación, promoción, y que eso, obviamente, permita también que el servicio público mejore su desempeño para el ciudadano”, augura.

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Dijo que en el caso de los trabajadores del sector privado, la FTPP plantea que el Gobierno tome la definición de la creación de la jubilación universal que consta en la Constitución desde 2008, “pero que lamentablemente no se ha hecho”.

Buendía describe que con la definición de jubilación universal lo que se busca es reemplazar la jubilación patronal por un fondo de ahorro que aporte el empleador a favor del trabajador que luego de 25 años de trabajo, para el mismo empleador o para otros empleadores, puede el trabajador tomar esos valores como concepto de jubilación.

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“Esto fue ya tratado ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El sector empleador lo aceptó y solamente quedó en manos del Gobierno que se tome esta decisión, porque hoy en día apenas el 6 % de los trabajadores optan o tienen el derecho de una jubilación patronal, porque lamentablemente para que esto se cumpla la obligación de cumplir 25 años para un mismo empleador es difícil de cumplir”, subrayó Buendía.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice que van a presentar al mandatario una propuesta de cómo generar fuentes de trabajo, compuesta de cuatro ejes y fundamentada en el marco del trabajo digno.

Quishpe señala que para el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), organización a la que pertenece la UNE, generar fuentes de trabajo significa invertir en la obra pública, generar préstamos a bajas tasas de interés, dotar de recursos a las instituciones de Estado que generan fuentes de trabajo y formar a los trabajadores.

Explica que se pueden generar fuentes de trabajo con las 25.000 partidas de los maestros y maestras que el Ministerio de Finanzas tiene congeladas. “Esas partidas incluso se pueden desdoblar y ahí ya se podría dotar de fuentes de trabajo a más de 30.000 maestros y maestras que están sin empleo mientras hacen falta profesores en las escuelas del sector urbano y rural”.

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Otra de las acciones que impulsan es que el presidente reabra el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y que se reforme el bachillerato técnico, con el objetivo de vincular el bachillerato técnico con emprendimientos y con carreras rápidas, es decir, vincular el bachillerato con institutos técnicos y tecnológicos.

Además, la UNE plantea al gobierno de Noboa revisar todos sus tratados o convenios internacionales que tienen una vez que la población rechazó su iniciativa de reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, planteada en la pregunta D del referéndum y consulta popular del 21 de abril.

Quishpe aclara que están a favor de la inversión extranjera siempre que las empresas internacionales respeten la Constitución, la vida y los territorios del Ecuador.

“También estamos estudiando desde el punto de vista jurídico las medidas necesarias para aquellos ministros que ya andan hablando de irrespetar la voluntad popular. Entonces, como no ganaron en las urnas, hoy dicen que hay que buscar una forma de que el trabajo por horas pase por la Asamblea Nacional o cómo puede pasar por acuerdos ministeriales”, advierte.

El FUT y la UNE, añade Quishpe, han identificado que el gobierno de Noboa “perdió en la consulta popular porque las dos cerezas del pastel” eran la pregunta sobre el trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional, “porque todos los ecuatorianos queremos seguridad y era lógico que las Fuerzas Armadas y la Policía trabajen en conjunto por dotarnos de seguridad, que de paso ya lo venían haciendo, pero el presidente aprovechó ese contexto para introducir esas dos preguntas”.

Por ese motivo, sostiene Quishpe, el FUT y las seis organizaciones que la integran consideran que es una victoria que “de cada diez ecuatorianos, siete le digan no al trabajo por horas” y al modelo económico que promueve Daniel Noboa. (I)