La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) reclaman el pago del servicio de diálisis que dan los denominados centros especializados de diálisis (CED).

El gremio de la salud privada presentó el 26 de abril de 2024 ante la Corte Constitucional (CC) un alegato para que esta verifique el cumplimiento de la sentencia n.º 16-16-JC/20 emitida el 30 de septiembre de 2020 en la que “se determina que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el de Economía y Finanzas (MEF) deben mantener procesos de coordinación eficaces a fin de cumplir oportunamente y de manera regular con el financiamiento de la política pública, la cual incluye la consignación oportuna de los pagos a los establecimientos privados que prestan el servicio de diálisis”.

A través de este alegato, ACHPE solicita a la CC supervisar el cumplimiento de dicha sentencia, ya que a la fecha el MSP mantiene una alta deuda con los CED pertenecientes al gremio.

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En la sentencia en mención el juez ponente de la CC, Agustín Grijalva Jiménez, indicó que “la Corte constató que el juez de la Unidad Judicial cumplió con lo exigido para la procedencia y efectividad de las medidas cautelares impuestas a seis centros especializados de diálisis, con el fin de proteger los derechos a la salud y a la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica.

La CC determinó que la amenaza se mantenía y que además tenía un carácter estructural porque no estaba circunscrita a un hecho específico o coyuntural sino que se sustentaba en factores sociales, económicos, culturales o políticos.

La Corte también explica que, en una amenaza estructural, la institucionalidad encargada de la protección de los derechos, tiende a reproducir o empeorar los factores que causan dicha amenaza, lo que podría vulnerar estructuralmente los derechos a la salud y la vida de los pacientes, según informa un boletín de la ACHPE.

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La Corte había dispuesto la obligación del MEF de realizar la previsión de fondos necesarios para impedir que la falta de pago mantenga la amenaza al derecho a la salud de las personas con insuficiencia renal, tal como lo denunciaron los mismos CED y ratificaron varias delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.

Incluso, en la sentencia se señala que esta amenaza estructural tiene relevancia nacional y dispuso un plazo de quince días para que el MEF y el MSP presentaran un plan para cancelar los valores pendientes, además de disponerles la adopción de un mecanismo permanente para mejorar el cumplimiento oportuno de los pagos.

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“ACHPE reconoce que el MSP está llevando a cabo, aunque con cierto retraso, el proceso de auditoría exigido para respaldar el pago. Sin embargo, ACHPE también conoce que el MEF no ha proporcionado al MSP, hasta ahora, los fondos suficientes y de manera oportuna para pagar a las instituciones privadas de salud que atienden a los pacientes con insuficiencia renal, según lo establece el artículo 366 de la Constitución”, señala el comunicado.

El gremio insta al presidente de la República, Daniel Noboa, a priorizar la inversión en salud.

Y reconoce que la deuda a los CED se gestó en los gobiernos anteriores, señala el comunicado firmado por Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva y representante legal de ACHPE. (I)