Daniel Noboa llegó a los tres meses de gobernabilidad de la mano del PSC, el correísmo y un peculiar apoyo de Construye

El primer trimestre de administrar el Ecuador ha gozado, para Daniel Noboa Azín, de un estado de gobernabilidad por el apoyo que recibe de las dos grandes fuerzas políticas de la Asamblea Nacional que se unen a su bancada de Acción Democrática Nacional (ADN).

Este 23 de febrero de 2024, el jefe del Gobierno, Daniel Noboa, cumple sus primeros tres meses de gestión y le restan quince, pues fue electo para completar el periodo 2021-2025 producto de la disolución de la Legislatura en mayo del 2023.

En una coyuntura nacional de una ‘guerra contra el terrorismo’ por actos atribuidos a grupos de delincuencia organizada (GDO) más la crisis económica, el mandatario gobierna con un viento a su favor: logró que la Asamblea le apruebe cuatro leyes urgentes, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China; y, desde otro ámbito, que la Corte Constitucional (CC) dé visto bueno a su propuesta de consulta popular y referéndum que se votará el próximo 21 de abril.

«Esto de acá no es un concurso de popularidad, pero hacer las cosas bien, capaz te da popularidad. Eso estamos buscando, hacer las cosas bien», expresó Noboa en una entrevista con la cadena Teletrece de Chile, al ser consultado si el plebiscito que impulsa es un mecanismo para garantizar su reelección en las presidenciales del 2025.

Noboa llegó a Carondelet auspiciado por una alianza electoral entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover), antes Alianza PAIS, que se denominó Acción Democrática Nacional (ADN).

Ahora, busca que ADN se convierta en una organización política legalmente reconocida en el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo presidido por Diana Atamaint, cuyo hermano, Kar Atamaint, fue designado cónsul en Queens (Estados Unidos).

En ese camino, a las filas de ADN se están sumando actores que llegaron a la Asamblea impulsados por el Partido Social Cristiano (PSC), como Paola Jaramillo, exalterna del asambleísta Jorge Aicaturri, pero renunció para ser directora provincial de ADN en Guayas.

Su hermana, Lucía Jaramillo, fue desvinculada hace pocos días del PSC por abstenerse en la votación de la ley para enfrentar el conflicto armado y la crisis económica, propuesta por Noboa, que dispone subir el impuesto al valor agregado IVA entre un 13 % y 15 %.

La ley no tuvo votos de los legisladores del PSC y del correísmo agrupado en la Revolución Ciudadana (RC) porque están en contra de subir impuestos, lo que provocó que haya un allanamiento tácito a la ley que regirá desde el 1 de abril.

De las bases del correísmo, a ADN se unió Emilia Reece Holguín -hija de la asambleísta de la RC Marcela Holguín- como directora del colectivo en creación en Pichincha.

De forma sorpresiva, Noboa sumó el apoyo de asambleístas del movimiento Construye en la propuesta de subir el IVA y votó a favor del TLC con China.

Esto después de que fueron tildados por el presidente como el «movimiento Destruye» y de bromear con una de sus líderes, María Paula Romo, de ser un Pokémon por haber militado en el correísmo años atrás y luego ser anticorreísta.

En radio Sucre, el 4 de enero, recordó que «Destruye (Construye) supuestamente tenía las condiciones para ser eliminado», pero el CNE no actuó.

En tanto, Mover, que respaldó su postulación presidencial, pelea en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que se eche abajo la resolución del CNE que dispuso extinguir su personería jurídica por no cumplir las reglas determinadas en el Código de la Democracia.

Su representante legal, René Espín, interpuso ante el TCE un recurso subjetivo contencioso para evitar su extinción y recayó en el despacho del juez Guillermo Ortega.

De llegar a ratificarse su extinción en el Tribunal, Mover desaparecerá y las firmas de sus cientos de adherentes se liberarán y podrán ser admitidas en otra organización política que esté en construcción.

El presidente del PSC, Alfredo Serrano, asegura que los acuerdos con el jefe de Estado y su bancada se dieron para elegir a las autoridades de la Asamblea en noviembre de 2023 y que Henry Kronfle sea el presidente para «lograr los cambios que se están viendo».

«Este acuerdo fue para dar gobernabilidad, y lo ha tenido que es lo correcto, para que ejecute las políticas que necesita el país. Lo estamos cumpliendo, dándole espacio para que gobierne porque aquí lo que importa es el país», asevera Serrano.

Apunta a una última encuesta que señala de un 62 % de aceptación de la Asamblea, lo que se debe a la posición de diálogo del partido y de Kronfle, pero «de ahí en adelante cada uno tiene su propia agenda. Apoyamos los temas que nos parecen importantes, excepto el incremento al IVA. En el resto hemos venido apoyando el Gobierno», dijo.

Para el académico y comunicador Gustavo Isch, estos tres primeros meses de administración dejan ver que Daniel Noboa cerca su relación política únicamente con las principales fuerzas políticas y a las demás, incluso sociales, las elude.

«Al presidente le caracteriza el no hablar, no dirigirse o tomar en cuenta a los movimientos sociales, ambientalistas, a la ciudadanía en general a no ser que forme parte de su entorno de millennials. Sus discursos desde cuando era candidato y hasta la actualidad se dirigen en su estilo y formato a su público y aprovecha el anticorreísmo en un segmento importante de la población», dijo.

Ejemplifica que el Gobierno, con el apoyo de estas fuerzas, logró que se apruebe el TLC con China y «le importó un pepino lo que decía la academia, grupos sociales, científicos y, pese a que existía un informe de la Cepal, que lo mantuvieron oculto el gobierno de Guillermo Lasso y el actual, que sugería que Ecuador podría tener un impacto negativo».

No obstante, la «moneda de cambio con el correísmo es muy difícil de pagar, porque ellos exigen la impunidad»; pero para buscar respaldo al incremento del IVA regresó a ver a una agrupación que no tenía fuerza territorial: Construye.

«Son los pactos de la regalada gana que se disfrazan de ‘los acuerdos de gobernabilidad’, porque a la Asamblea se la ataca públicamente, pero por debajo se negocia, por eso los cambios de camisetas», añade Isch.

Sebastián Mantilla Baca, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), cree que esta «situación de gobernabilidad es positiva» para el país.

«Aunque lo que habría que poner en la balanza es el alcance de esta alianza que se hizo con el PSC, la RC y ADN. Se permitió avanzar en la ley que incrementó el IVA y dejaron que vaya a la Presidencia y regrese a la Asamblea, pero a qué costo».

En la víspera, «de manera taimada, silenciosa, se intentaron pasar reformas al Código Integral Penal (COIP), que incluían este recurso de revisión de las sentencias que vuelve a poner en duda esta alianza. Ahí aparece como tema prioritario la impunidad. Cuál fue el papel de los asambleístas de gobierno que hayan puesto su firma para la aprobación del proyecto. La pregunta es si la alianza es afianzar la agenda de impunidad y a qué costo y eso es lo negativo», lamentó.

Para Mantilla, se está manejando con cautela el tema y tratando de «no ensuciar la imagen del presidente. Se está haciendo un trabajo en redes sociales, sin embargo, no se alcanza a percibir qué está haciendo para resolver los temas importantes del país», reflexionó. (I)