Dos semanas después de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga ordenó prisión preventiva para Walter Solis, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del gobierno de Rafael Correa, dentro del caso denominado Reconstrucción de Manabí, y pidió se oficie a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se lo ubique y capture, desde la oficina en Ecuador de Interpol se “sugiere” al magistrado de la causa que disponga a esa unidad la publicación de la notificación roja para Solís.

El 12 de abril pasado fueron vinculados Solís y seis personas más al caso que investiga el delito de peculado y en el que inicialmente estaban siendo procesados, desde el 5 de enero pasado, el exvicepresidente Jorge Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal, el juez Inga, que fue el reemplazo del juez titular que cumplió su tiempo en el cargo, Luis Rivera, dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía General del exministro Solís; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y un exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.

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Exministro Walter Solís recibió prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí

La fiscal Diana Salazar ha explicado que los hechos imputados en este caso al ex compañero binomial de Rafael Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Para la Fiscalía, Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana fueran usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas.

En el parte policial entregado como anexo al juez, los agentes de Interpol no solo mencionan la orden de prisión preventiva definida contra Solís, sino que también refieren que en el documento entregado por la CNJ se anota que el procesado actualmente se encuentra en calidad de refugiado en los Estados Unidos Mexicanos, “considerando a esa su actual ubicación”.

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Desde el 2021, Walter Solís mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de que el 6 de marzo del 2020 se admitiera a trámite la solicitud de quien se ha mantenido en condición de prófugo de la justicia ecuatoriana.

Walter Solís mantiene dos sentencias vigentes: una de ocho años de cárcel por peculado, ratificada hace poco en segunda instancia por el uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que pasó a conocerse luego como Secretaría del Agua (Senagua), con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares. Solís era en ese momento el titular de la Senagua.

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También cuenta con una sentencia en firme de ocho años de cárcel y el pago de $ 778.000 por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenados los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.

Quito, 30 de enero de 2024.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó condena a ocho años de prisión a exministro Walter Solís por el delito de peculado cuando era funcionario en el gobierno de Rafael Correa. Foto: Captura de pantalla. Foto: Cortesia

En el informe hecho para el juez Julio Inga se informa que la organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, tiene como “misión fundamental contribuir y hacer del mundo un lugar más seguro”; en ese sentido, se refiere, se pone en consideración del magistrado sus herramientas de búsqueda de personas cuya finalidad es su detención y limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares, como la notificación roja.

Por lo expuesto, solicito se digne sugerir al doctor Julio Inga, juez nacional de garantías penales (...) de la Corte Nacional de Justicia, disponga a esta unidad la publicación de una notificación roja de Interpol del ciudadano Walter Hipólito Solís Valarezo, (...) por el delito de peculado, dentro de la causa penal 17721-2019-00033G (Reconstrucción de Manabí)”, se indica en el documento de la Unidad de Interpol en Ecuador.

Tribunal de Corte Nacional ratifica pena de ocho años de cárcel contra exministro Walter Solís por peculado que lo inhabilita para ejercer cargo público a perpetuidad

Se pide que para proceder con los requerido se envíe a la oficina de Interpol en Ecuador copia de la boleta de detención vigente, uno de los requisitos necesarios con base en lo establecido en el reglamento sobre el tratamiento de datos de Interpol.

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Respecto a Solís, la Fiscalía presentó seis elementos de convicción para asegurar que él fue parte de “un ejercicio abusivo para decidir qué obras sí y qué obras no” se realizaban, además de que varias de ellas se hicieron a dedo.

“Dichas obras mal priorizadas y obviamente abusivamente financiadas con dineros de todos los ecuatorianos ascienden a la cantidad global de $ 367′478.972,30 aproximadamente, sin que ni siquiera varias de estas, al día de hoy, hayan sido concluidas o constituyan de alguna utilidad para la población afectada. Se cayeron las casas, pero no construyeron casas: hicieron parques. ¿Para qué? Para beneficiar a sus amigos a dedo”, apuntó en su momento la fiscal general. (I)