La impugnación a la probidad y ética: el lado frágil de los concursos públicos para elegir a las autoridades de control del Estado

Metástasis y Purga se suman a una lista de trece investigaciones de “connotación” lideradas por la Fiscalía General que revelan la inmersión de la corrupción y el narcotráfico en el funcionamiento del Estado. En estas revelaciones figuran altos funcionarios de organismos de control que, en ciertos casos, provinieron de concursos públicos que se hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con la mediación de una etapa denominada de impugnación.

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La impugnación ciudadana apunta a cuestionar a un candidato a ocupar un cargo público de haber información que señale que no tiene probidad, idoneidad, que no ha ejercido una función con ética, o incumple un requisito que exige la Constitución, la ley o reglamentos.

“¿Quién es un hombre o mujer proba? Son aquellas personas que en el ejercicio de una actividad no han incurrido en actos dolosos o que hayan beneficiado a alguien o a una institución. Está relacionado con el ejercicio práctico y la aplicación deontológica de la profesión y en alguna medida sí es verificable”, explica el catedrático universitario Pablo Escandón.

El Consejo de Participación Ciudadana es la entidad encargada de designar a decenas de autoridades de control del Estado, a través de dos modalidades: las comisiones de selección, que las integran cinco personas electas en representación de la población y otras cinco que son delegadas de las funciones del Estado.

La segunda se denomina elecciones por ternas, en las que una institución puede proponer tres candidatos para un cargo y el CPCCS los designa directamente, luego de la revisión de requisitos y la impugnación.

En estas dos la coincidencia es que los aspirantes deben superar esta fase llamada de impugnación.

Este modelo fue una novedad que se incluyó en la Constitución de Montecristi con la idea de que la gente participe y así evitar la intervención de actores, partidos y movimientos políticos.

Pero a 16 años de vigente este proceso, el objetivo no parece haber dado los resultados esperados, pues producto de esos concursos fueron electas autoridades como:

• El extitular de la Contraloría General, Carlos Pólit Faggioni, conocido con el mote ‘el contralor del 100/100′, pues en dos concursos, entre el 2012 y 2017, obtuvo puntajes de 100/100 y 95/100. Es prófugo de la justicia, ya que vive en Miami (Estados Unidos), en donde enfrenta cargos penales; y, fue sentenciado en Ecuador por concusión, vinculado en el caso Odebrecht. El entonces postulante recibió siete impugnaciones a su probidad e idoneidad, pero ninguna se calificó porque se basaban en “juicios de valor” de los accionantes y no en pruebas, concluían los informes de las comisiones ciudadanas. El expresidente Rafael Correa lo felicitaba por su labor y decía que “todo el mundo lo quiere (...) Es simpatiquísimo”, dijo en el 2015 en un acto público.

• En la Fiscalía General, en el 2011, se eligió a Galo Chiriboga Zambrano, quien obtuvo 86/100 puntos. Lo impugnaron el exasambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y el entonces activista Fernando Villavicencio -asesinado el 9 de agosto de 2023 cuando postulaba a la Presidencia de la República-, por sus actuaciones cuando ocupó cargos como presidente de Petroecuador y exministro de Minas y Petróleos. El CPCCS rechazó la objeción porque no se había demostrado falta de probidad e idoneidad. Su nombre apareció en los denominados Panama Papers, aunque rechazó un posible acto irregular.

• El exvocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán Carrillo, electo de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en febrero de 2023. Ahora está preso, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis que tiene raíces en actividades relacionadas con el narcotráfico. Fue escrutado por sus decisiones como juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, pero no se aceptó el pedido.

• Los exvocales del CJ Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, propuestos de ternas de la Fiscalía y la Defensoría Pública, respectivamente, fueron designados en el 2019 y no fueron objetados. Actualmente están inhabilitados para ejercer cargo público tras ser llamados a juicio por presunto tráfico de influencias.
• El exvocal del CJ Xavier Muñoz Intriago, detenido en una cárcel de Quito, procesado por presunta obstrucción a la justicia. Fue designado por el CPCCS de una terna que envió el expresidente de la República Lenín Moreno en el 2021. Él no fue objetado.

• El extitular de la Defensoría del Pueblo Freddy Carrión está preso juzgado por un delito sexual. Fue elegido por el CPCCS de transición en el 2019 y se enfrentó a una impugnación que, entre otros hechos, lo cuestionaba por violencia intrafamiliar. El entonces aspirante indicó que había sido absuelto por la justicia y fue electo defensor.

• La autoridad de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca, a quien el CPCCS de transición le encargó en el 2018 la dirección del organismo. Postuló a ser defensor en el 2019 y fue descalificado al confirmarse una objeción en su contra por señalar «información falsa» en su hoja de vida, porque se “aumentó catorce años de ejercicio laboral” que no tenía. El Consejo de ese entonces no lo sacó del encargo, que lo mantiene hasta la fecha. Incluso se inscribió para participar en la elección del titular que realiza una comisión ciudadana, pero fue inadmitido por incumplir requisitos.

Otros dos ejemplos recientes son el del concurso para la elección del contralor que concluyó en noviembre del 2023. Se inscribieron 118 personas, de las que unas 70 no presentaron la declaración juramentada. Sin embargo, la comisión ciudadana los habilitó alegando un derecho al que llamaron de la ‘pro-participación’.

Se presentaron 68 impugnaciones contra aquellos que no presentaron esta declaración, requisito señalado en el reglamento, pero se desecharon porque los comisionados subsanaron el incumplimiento.

En la elección de un vocal del Consejo de la Judicatura que reemplace a Juan José Morillo, la Defensoría Pública nominó en su terna a Nuria Butiñá Martínez y Carlos Manosalvas Silva, quienes fueron objetados.

Butiñá porque fue exasambleísta alterna del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), lo que no garantizaba independencia, señalaba la impugnación. El pleno del CPCCS la desechó porque no es un impedimento haber sido electa para una dignidad popular.

Respecto de Manosalvas lo impugnó su cónyuge por presunta violencia intrafamiliar. El pleno del CPCCS no la aceptó en respeto al derecho de la presunción de inocencia.

Se argumentó que el reglamento de selección prohíbe participar a quienes hayan incumplido con medidas de rehabilitación en casos de violencia intrafamiliar o de género. Así, para el CPCCS, Manosalvas no había incumplido esas medidas, por lo que no fue “posible demostrar falta de probidad, idoneidad e incumplimiento de los requisitos”.

Ninguno de los dos fueron elegidos, sino Merck Benavides Benalcázar, quien tuvo los votos de los consejeros.

El escrutinio a la probidad y ética ¿el lado flaco en la elección de autoridades?

Mauricio Alarcón, directivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organismo no gubernamental que hace veeduría independiente a estos procesos del CPCCS, cree que el sistema de selección está equivocado.

“Tener autoridades que cumplan criterios básicos de probidad y ética no es imposible, el punto es que, como el sistema lo concibe, es equivocado. La probidad no se mide ni con certificados de honorabilidad, ni con intereses políticos dentro de una institución como es el CPCCS”.

A su criterio, esta etapa “no sirve, no funciona, las comisiones ciudadanas tampoco y lo cierto es que no hay un adecuado proceso de escrutinio cuando las impugnaciones terminan siendo resueltas por personas con claros intereses particulares”.

Carlos Figueroa, médico y exvocal del Consejo de Participación, considera que debería crearse un sistema en el que se involucren las universidades en las ramas de derecho y sociología y, “los docentes podrían hacer que sus alumnos investiguen a los participantes”.

Ejemplifica, que los concursantes suelen presentar certificados “falsos y nadie verifica que sean verdad. Piden certificados a una organización, de algo que no hicieron. Son mentiras y así se llega a calificarlos. Incluso se conocía de una oficina en la que se preparaban las carpetas de los postulantes, en donde fabricaban los certificados”, lamentó.

A esto suma, que hay “una falta real de participación porque hay una metida de mano de los partidos políticos en el Consejo”.

Pablo Escandón coincide en que las universidades y la ciudadanía podrían formar veedurías independientes y hacer un control social permanente, porque no solo basta con presentar certificados que digan que una persona es honorable.

“Ahí tenemos dos elementos: el 100/100 de Pólit, que era el perfecto, terminó siendo un perfecto bandido; versus, el 10/20 de la actual fiscal de la nación, Diana Salazar. El expresidente Rafael Correa le dice la 10/20 (por su nota en el examen escrito) y a Pólit le decía el mejor contralor. Pero estamos parametrizando esto en las notas y, la probidad no le da el 100/100 a Pólit, porque el 10/20 pudo ser mejor en su labor», reflexionó el catedrático.

La consejera del CPCCS Mishelle Calvache identifica dos falencias: el desinterés de la ciudadanía en intervenir y la debilidad de los reglamentos que guían los procesos de selección.

“Las personas no se involucran y se vuelven denunciólogos en las redes sociales. Ahí exponen sus discrepancias. Pero, por qué no pusieron su denuncia en un papel y la impulsaron en su momento”, dijo Calvache e hizo un llamado a estar pendiente de lo que se hace en la institución.

Mercedes V. V., vinculada en el caso Purga, es parte del concurso público para la renovación de dos vocales del Consejo Nacional Electoral

Añade que para los próximos concursos hará propuestas para que estas normas clarifiquen cómo verificar la probidad notoria, “porque, si no les damos las herramientas a los miembros de las comisiones ciudadanas, difícilmente ellos podrán discernir entre sí es o no es. Hay que mejorar los reglamentos marcando las diferencias” y respetando también principios legales como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. (I)