Kevin V. y Amaro A. fueron sentenciados como autores directos del delito de comercialización de pornografía con utilización de menores de edad, por lo que deberán cumplir una pena privativa de libertad de trece y diez años, respectivamente.

Así lo decidió un tribunal especializado en corrupción y crimen organizado, cuyos jueces además dispusieron que haya medidas de reparación de la víctima, como terapia psicológica, indemnización de daños materiales y disculpas públicas.

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Ambos habían sido detenidos en agosto del 2023, durante allanamientos ejecutados por la Policía Nacional y por Fiscalía en el marco de una investigación por la comisión de delitos sexuales contra adolescentes a través de medios digitales.

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La investigación se inició en marzo del 2023 por el delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, que los acusados habrían cometido.

No obstante, en el desarrollo de la investigación, y con base en los indicios recabados en los allanamientos ejecutados por la Unidad de Violencia de Género de El Coca y por la Unidad Nacional Especializada en Investigación de Ciberdelitos de la Fiscalía, se encontraron evidencias de que los ahora sentenciados eran integrantes de una estructura criminal dedicada a la comercalización de pornografía infantil que operaba desde Quito.

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Según esa investigación, Kevin V. y Amaro A. contactaron a la víctima a través de una plataforma de mensajería de una red social para solicitarle el envío de fotografías y videos de carácter sexual, y luego le exigieron la entrega de dinero a cambio de no publicar el contenido.

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En la audiencia de juicio, el fiscal presentó como pruebas el testimonio anticipado de la víctima, de la madre, de los agentes aprehensores, el análisis técnico-digital que determinó el usuario de la red social, el contenido digital con material pornográfico que incluía a personas menores de edad.

Fiscalía presentó además la pericia antropológica que determinó que en el contenido digital se encontraban imágenes de menores de edad, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos, pericias psicológicas y del entorno social practicadas a las víctimas. (I)